La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias para investigar la información contenida en los conocidos como 'papeles de Panamá', que revelan el nombre de numerosos empresarios, políticos y deportistas, algunos de ellos españoles. La filtración saca a la luz más de 11 millones y medio documentos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca que habría gestionado la apertura de cuentas en paraísos fiscales.

En principio, las diligencias se dirigen contra la actividad del bufete de abogados ante los indicios que pudiera haberse dedicado a blanquear dinero. También se analizarán los documentos relacionados con diferentes personalidades de nacionalidad española para ver si pudieran haber cometido algún ilícito. Ante las publicaciones aparecidas, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha emitido un comunicado en el cual anuncia la incoación de diligencias de investigación al amparo de los artículos 5 del Estatuto orgánico del ministerio fiscal y 773 de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim) para determinar la existencia de presuntas actividades delictivas trabara de la firma Mossack-Fonseca de Panamá.

La investigación pretende aclarar la naturaleza y circunstancias de los hechos, "y de cualesquiera otros delitos que puedan resultar de las diligencias, así como la identificación de sus responsables, y determinar la concurrencia de los requisitos necesarios para proceder a su persecución ante los tribunales españoles".

Esta investigación se suma a la anunciada por la Agencia Tributaria que ha informado este lunes que está analizando ya en profundidad a la presunta comisión de delitos de fraude fiscal. El organismo utilizará todos los instrumentos a su disposición y, entre ellos, se analizarán las declaraciones presentadas en el modelo 720 de declaración de cuentas y bienes en el extranjero.

Panamá, siempre Panamá

Panamá o el despacho de abogados del país centroamericano Mossack Fonseca, de los cuales ha salido la información recogida en los llamados 'papeles de Panamá', se han cruzado en casi todas las últimas investigaciones relevantes en España relacionadas con presuntos casos de corrupción. Los casos Correa, Bárcenas, Pujol, Noos o el ático de Estepona, entre otros, tienen alguna conexión con este país. 

Desde las indagaciones sobre la compra del ático del expresidente madrileño, Ignacio González, al presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, el 'caso Noos' o los Pujol, entre otros, Panamá es siempre una destinación recurrente en casi todas las causas.

En el caso Gürtel el Sindicato Unificado de la Policía denunciaba la conexión con Francisco Correa: "Es completamente relevante que este mismo despacho de abogados (Mossak Fonseca) haya utilizado también como testigos a las mismas compañías que las utilizadas por el despacho Aba Legal Bureau para la constitución de la sociedad Golden Chain Properties SA, también panameña". Precisa que esta empresa era "supuestamente propiedad de Francisco Correa", y "titular de una cuenta bancaria, conocida como a cuenta 'Soleado', en la que se localizaron 12,8 millones de euros, supuestamente procedentes de una comisión relacionada con una operación urbanística en Arganda del Rey (Madrid)". El año 2009 la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) denegó la puesta en libertad de Correa al entender que existía "un evidente" riesgo de fuga a Panamá al haber intentado tramitar la residencia legal en este país antes de ser encarcelado. Le había ayudado presuntamente el empresario Javier Tudela de la Creu, consiguiendo un permiso de residencia con el cual pudiera establecerse en el país centroamericano.

El nombre de Mossack Fonseca también apareció durante la instrucción del caso Nóos, que desde el pasado mes de enero sienta al banquillo a la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarin y otros quince acusados por un supuesto desvío de más de seis millones de euros de las administraciones públicas. De hecho, tanto el exduque de Palma como su exsocio Diego Torres, también procesado, se habrían servido del asesoramiento del bufete panameño a la hora de urdir una estructura fiduciaria en el extranjero con el objetivo de desviar los fondos obtenidos de manera irregular de las instituciones, esconder a sus verdaderos beneficiarios y conseguir tributar menos que en España. Entre los más de 70.000 folios y cien tomos que componen la causa, el nombre de Mossack Fonseca figura, en concreto, en tres documentos, uno de los cuales es la factura entregada por los servicios de asesoramiento que prestó a los responsables de la trama para montar varias sociedades y abrir cuentas corrientes personales a las que fueron transferidas hasta un total de 420.000 euros desde el Instituto Nóos.

En el marco de las investigaciones relacionadas con las actividades de la familia Pujol, la UDEF de la Policía Nacional pidió numerosa información sobre entidades bancarias con las cuales operaban a la hora de desviar su fortuna, sobre todo en varios paraísos fiscales entre los cuales se encontraba Panamá. Cuando el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata aceptó a finales del año pasado la investigación sobre la presunta fortuna oculta en Andorra procedente de la herencia del abuelo Florenci, señaló como presuntos testaferros de Pujol Ferrusola a José d'Alba Barnola, a Antoni Zorzano Riera o Juan Manuel Rosillo Serradell. Según el juez, le habrían permitido guardar y abrir depósitos a México, Estados Unidos, Paraguay, Argentina, Panamá o Andorra. El juez sostiene que el conjunto de la familia ha venido "orquestando durante años una estrategia compartida y coordinada para desarrollar diferentes negocios económicos, generar réditos, ocultarlos y distribuirlos entre todos de acuerdo con criterios establecidos para conseguir el lavado de los activos conseguidos".

Panamà también aparece en las investigaciones entorno al extesorero del PP, Luis Bárcenas, que va el 7 de julio de 2005 abrió una cuenta de la cual era titular la Fundación Sinequanon, con sede en Panamá, a la cual traspasó 13,6 millones. Esta cuenta llegó a tener en el 2007 un saldo máximo de 25 millones. Panamá también fue la destinación escogida por el exembajador Gustavo de Arístegui y el ya exdiputado del PP Gómez de la Serna, quienes negociaron el cobro de comisiones a cambio de mediar a favor de dos empresas españolas en la obtención de contratos públicos para construir hospitales.

Habrá que ver si todos estos casos acaban saliendo entre los documentos que todavía no se han hecho públicos de los papeles de Panamá.