La Fiscalía ha mantenido la petición de condenar a dos años de prisión al exdirigente de CDC David Madí, en el juicio contra él y otros siete acusados por una supuesta trama de facturas falsas en 2011, llamada caso Triacom, en la que presuntamente fue cooperador necesario, algo que él negó el miércoles durante su declaración. Así, el ministerio público ha mantenido la acusación este viernes durante el trámite de conclusiones finales en el juicio, que empezó el miércoles en el Juzgado Penal 23 de Barcelona. La acusación sostiene que la empresa de Madí y otros seis acusados hicieron de "factureras" para la productora audiviosual Triacom, al presuntamente hacer facturas falsas a la productora para que esta pudiera defraudar el IVA y el impuesto de sociedades.

La Fiscalía mantiene la petición

Por su parte, la acusación considera que "las defensas tienen un hándicap importante", ha advertido, porque el exadministrador de Triacom Oriol Carbó --también enjuiciado-- ya ha confesado el fraude. A pesar de mantener la acusació contra Madí, en la última sesión del juicio, el fiscal ha retirado la acusación contra dos empresarios al considerar que no participaron en los hechos y ha rebajado la petición para Carbó de 11 a 8 meses de prisión. También ha confesado el exresponsable de la empresa Hispart, Juan Manuel Parra, y el fiscal también ha rebajado la petición de pena para él: en su caso, de dos años de prisión a uno.

La Generalitat ejerce de acusación

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz aceptó en el mes de abril que la Generalitat sea acusación particular en una pieza separada del caso 3%, en la cual se investiga la posible financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), partido en concurso de acreedores, a través de la productora audiovisual Triacom. El fiscal Anticorrupción cambió su opinión después de leer los argumentos del recurso de la abogacía del gobierno catalán. En la primera negativa, tanto el juez como el fiscal, no aprobaban que la Generalitat fuera parte perjudicada en el procedimiento, ya que aseguraban que "no había aportado datos suficientes", además de criticar que en el gobierno actual haya un partido heredero de CDC, refiriéndose a Junts.