El sargento de los Mossos d'Esquadra Lluís Escolà se ha negado a declarar este jueves por la mañana en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que lo investiga por malversación de fondos públicos y prevaricación por supuestamente haber hecho de escolta del expresident Carles Puigdemont en Bélgica mientras cobraba como asesor de la conselleria de Interior. Escolà, que hizo de asesor unos nueve meses entre 2018 y 2019, está investigado junto con el conseller, Miquel Buch, que sí respondió a todas las preguntas de las partes el martes pasado.

Según han explicado fuentes de su defensa a la ACN, Escolà tiene amplia experiencia en materia de seguridad y ha trabajado en varias empresas privadas. Justo antes de ser asesor de Interior, como mosso estuvo de baja por unos problemas de salud y acumuló muchas vacaciones no disfrutadas. Por eso, cuando fue nombrado asesor, cargo de confianza que no requiere concurso público de méritos, pudo viajar a Bélgica en su tiempo libre. Las mismas fuentes aseguran que Escolà no tenía un horario fijo, sino que despachaba periódicamente con el conseller y le aportaba informes.

En su declaración del martes, Buch negó que escogiera de asesor al sargento para que hiciera de escolta de Puigdemont. El conseller indicó ante la magistrada que se decantó por tener a este agente como cargo de confianza porque sus asesores le aseguraron que tenía un perfil técnico, experiencia y conocimiento del cuerpo policial. También manifestó que no tenía conocimiento de otras actividades del agente, ni previas ni las posteriores relacionadas con el expresident. Buch justificó la brevedad de los informes porque sólo tenían que ser resúmenes que lo ayudaran a tener una idea básica de las cuestiones relacionadas con el cuerpo.

La defensa de Escolà presentará próximamente varios documentos que acreditarían el trabajo del sargento y exasesor. Buch también tiene previsto presentar escritos y documentos a la magistrada instructora los próximos días.

El tribunal admitió a trámite la querella presentada por la Fiscalía, que actuó a instancias de Cs, por los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. La magistrada instructora, Mercedes Armas, no impone fianza y establece como policía judicial en este caso la comisaría general de investigación criminal de los Mossos.

Escolà fue nombrado asesor en materia de seguridad en julio del 2018, pero dejó el cargo a petición propia en marzo del 2019. Antes, durante y después de este periodo, la Fiscalía ve acreditado que ha estado haciendo de escolta del expresident aunque este estaba en situación de "busca y captura".

El TSJC considera que el relato de la Fiscalía contiene los "indicios suficientes" para admitir a trámite la querella por prevaricación y malversación de fondos públicos e investigar los hechos. Además, no descarta que la investigación se pueda extender a más personas si durante la instrucción se considerara que hubieran "asesorado" a Buch i Escolà en calidad de "cómplices, cooperadores o encubridores de los hechos".