La coordinadora Familiars 5 de residencias públicas asistidas de Barcelona, han pedido hoy al Ministerio de Sanidad que acelere los trámites de los concursos de adjudicación de plazas en las residencias públicas, parada hace meses por el artículo 155, según la administración catalana.

María José Carcelén, en nombre de la coordinadora de familiares, ha explicado hoy, que la dirección de los Servicios Territoriales de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de Barcelona les indicó, en diciembre pasado, que la documentación de los concursos estaba en el ministerio de Sanidad para su firma. "Su explicación fue que el Gobierno de Rajoy lo estaba paralizando todo", ha asegurado hoy Carcelén. Desde el mes de diciembre, los familiares no han tenido ningún tipo de información sobre estos concursos, que tienen que otorgar la gestión de las cinco residencias públicas: Mossèn Vidal y Aunós, Bon Pastor, Alchemika, Bertran y Orihuela y El Molino, en Barcelona, que gestiona actualmente la constructora OHL a través de su filial Ingesan, desde enero del 2017.

La gestión de Ingesan fue puesta en duda por las familias, junto con la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), por el "constante deterioro" del servicio y la reducción de la plantilla hasta una ratio de un cuidador por cada 14 ancianos. A raíz de estas protestas, con manifestaciones incluidas, la Generalitat aceptó retirar la gestión al UTE Ingesan-Asproseat y aceptó algunas propuestas de los familiares en el parón de los nuevos concursos para las cinco residencias, que tenían que publicarse en un principio en noviembre del 2017, pero hasta ahora todavía no se han hecho públicos.

Carcelén ha indicado hoy que, mientras tanto, se han resuelto algunas de las deficiencias denunciadas, como la que no había toallas para los ancianos, y la mejora del servicio de cocina en alguna de las residencias, "pero todavía queda mucho para hacer". "Si es cierto que la tramitación de los concursos está paralizada en el ministerio, nos parece inaceptable que los ancianos se hayan convertido en rehenes de la situación política", ha asegurado la portavoz de la Coordinadora de familiares.

Los familiares opinan, que la empresa Ingesan "no tiene mucho interés en invertir en la resolución de los problemas pendientes porque piensa que no resultará adjudicataria en los nuevos concursos". Además, la prórroga del contrato de gestión finalizó el 31 de diciembre del 2017, por lo cual la empresa que gestiona actualmente las residencias está obligada a seguir prestando el servicio hasta que se adjudique el nuevo concurso, pero como máximo hasta el 30 de junio de este año.