El 14 de febrero los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona "ya estaban avisados" y la mujer embarazada de nueve meses a la que se desahució el viernes pasado estaba pendiente de que le asignaran una vivienda. Ella misma lo fue a comunicar a la comitiva judicial en el segundo intento de desahucio, que en aquel momento se detuvo, según ha informado el TSJC que detalla toda la cronología de los hechos desde el 4 de octubre del 2016 cuando se admite a trámite la demanda hasta el 16 de junio que se hace efectivo el desahucio.

Según esta cronología, hay hasta tres demandas de la propietaria del piso para que la desalojen. El 2 de marzo la propietaria vuelve a hacer la petición y el juez indica a Servicios Sociales especialmente la situación de riesgo de la mujer.

Pero ni se para el desahucio ni los Servicios Sociales se activan y la mujer se presenta al juzgado el 5 de mayo solicitando la paralización del desahucio previsto para el siguiente lunes. El juzgado responde que no hay tiempo material para la suspensión al no hacer ellos los desahucios sino que se hacen a través del Servicio Común.

El desahucio se aplaza hasta tres veces, hasta que el pasado viernes 16 de junio se hace efectivo.

Se hizo justo en el momento en que la mujer no estaba en casa. La PAH de Barcelona denunció el desahucio de la mujer embarazada de nueve meses y su familia de un domicilio de la calle Gayarre, en el distrito de Sants. La PAH denunciaba también que el desahucio se había hecho sin ningún aviso previo ni orden con fecha concreta. Pero el TSJC argumenta que hay notificación tanto después de la sentencia como en el segundo intento de desahucio.

El desahucio ha sido ordenado por el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona después de que la familia empezara a sufrir problemas económicos en el 2016 y dejara de pagar una mensualidad de 650 euros de alquiler, momento en que solicitó una ayuda al Ayuntamiento de Barcelona que le fue concedida. La propiedad, no obstante, puso una demanda por impago al cabo de diez días que la familia acreditara que dispondría de la ayuda.

Protocolo

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya tiene firmado un convenio de colaboraciones con diferentes instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de Barcelona, en materia de desahucios.

En el marco de este protocolo se han hecho varias reuniones de trabajo y, en la última del 27 de abril, se acordó incluso en materia de comunicación a los Servicios Sociales que los abogados podían dirigirse, en nombre de sus clientes, directamente a los Servicios Sociales, con independencia del juzgado, para comunicar la vulnerabilidad de las personas afectadas.