La defensa de la química Iqoxe ha expuesto en un recurso que el auto de la juez que instruyó la causa del accidente ocurrido en la planta de La Canonja (Tarragona) en enero de 2020 presenta graves carencias en relación con los informes periciales aportados por el equipo legal en el proceso, situación que podría vulnerar el derecho de defensa de los tres directivos acusados. Se hace hincapié en que el Juzgado de Instrucción no ha valorado la carga exculpatoria que contienen estos informes, aunque hubiera sido para desvirtuarlos o para concluir eventualmente que no tienen validez. No obstante, en el auto de la juez –contra el que la empresa ha presentado recurso de apelación--, la defensa constata que ni el informe de PwC sobre producción e inversiones ni los informes sobre las políticas de recursos humanos se han tenido en consideración: “Es como si no constara en las actuaciones, como si no existieran”.

La pericial realizada por peritos de la reconocida auditora apunta que, desde 2014 a 2019, coincidiendo con la entrada de los nuevos propietarios en IQA, que estaba en liquidación, se invirtieron más de 60 millones de euros en mejorar y modernizar las instalaciones de producción, sustituyendo productos de bajo valor añadido por productos de mayor calidad, con equipamiento de última tecnología.

Asimismo, se evidencia que el nivel de producción de dicha planta, que pasaba anualmente por todos los controles exigidos, se mantuvo constante e incluso disminuyó porque la apuesta fue optar por el valor añadido. Así, en 2019, la producción se situó en 255.789 toneladas, frente a las 269.923 toneladas de 2013.Fuentes jurídicas subrayan que estos datos tienen especial relevancia frente al relato que describe el auto de la juez, que no es otro que los gestores de Iqoxe fueron negligentes por aplicar una política destinada a minimizar costes de explotación e inversión, a costa de la seguridad, con el fin de aumentar los beneficios.

Incremento del número de trabajadores

El mismo informe de PwC también señala que todas las áreas de trabajo en el periodo analizado registraron un incremento del número de trabajadores, concretamente de un 23% a nivel global. Además, hace hincapié en la antigüedad de la plantilla, superior a los 25 años, lo que la dotaba de estabilidad. En momentos puntuales, de más demanda, se realizaron contrataciones temporales, que son las que por ejemplo no se renovaron en diciembre de 2019 por una disminución de la carga de trabajo.

En el recurso se deja constancia que los acusados tienen derecho a que se valore una prueba fundamental y documentada, puesto que “el relato provisional de hechos” de la juez obvia una información contrastada con documentos públicos e informes anuales auditados. Por este motivo, la defensa solicitó que los peritos que han dado su visión en las pruebas periciales aportadas ante la juez ratifiquen sus conclusiones en sede judicial al considerar que su carga exculpatoria no se ha tenido en cuenta y ello vulnera el ejercicio de derecho de defensa.

También han pedido que puedan ratificar sus conclusiones los técnicos e ingenieros que elaboraron el informe del Institut Químic de Sarrià (IQS), que dictaminó que el accidente de la planta no fue previsible y que la materia que se estaba produciendo el día del accidente no era considerada peligrosa ni por los grandes fabricantes ni por la propia Administración.

En la acusación figuran José Luis Morlanes, ceo coordinador de toda la división química del grupo, sin funciones en la gestión diaria de Iqoxe desde enero de 2018; Juan Manuel Rodríguez Prats, director de Iqoxe, y Gerardo Adrio, responsable de prevención de riesgos laborales y seguridad de Iqoxe. La titular del juzgado de instrucción número 1 de Tarragona ha abierto juicio oral contra Iqoxe y tres excargos de la empresa, acusados de varios delitos.