Seis de cada 10 personas aseguran no haber oído nunca hablar de los derechos sexuales y reproductivos. Un 71% de las encuestadas asegura haberse sentido menospreciada durante el embarazo o parte. El 38% se ha sentido juzgada o la han abroncado al pedir una pastilla anticonceptiva. Un 40% creen tener poca información sobre cómo poder realizar un aborto. Casi el 30% siente que el lugar donde vive dificulta el acceso a los servicios de salud sexual. Estas son algunas conclusiones del Informe del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos 2019 que se ha presentado este martes en el Col·legi de Periodistes coincidiendo con el Día Mundial de los Derechos Humanos.

De esta manera, según han explicado, desde la puesta en marcha de L'Observatori en octubre de 2018, se han recibido un centenar de denuncias de vulneraciones de derechos vinculadas a cuestiones clave como el aborto, la educación sexual, el acceso a la anticoncepción de urgencia, la financiación pública a entidades y colectivos anti-derechos, la violencia obstétrica o los obstáculos de acceso a diferentes servicios de salud. En todas ellas se identifica como nexo común la violencia institucional que se ejerce sobre los Derechos Sexuales y Reproductivos (DSIR).

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Presentación del Informe del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos / A.S.S.

Los casos

El Informe se basa en casos y denuncias, como por ejemplo, la de una mujer de Manresa enviada a Barcelona para realizar un aborto porque no hay profesionales sanitarios disponibles en el hospital más próximo que no practiquen la objeción de conciencia; o por ejemplo, la de una joven de 16 años que se ve obligada a realizar un aborto de forma clandestina a causa de la falta de consentimiento de sus progenitores; o una mujer a quien se le piden 170€ para abortar porque no dispone de la tarjeta sanitaria.

Pero de casos, hay más. Durante la presentación también han hablado del caso de una joven de 16 años a quien se le niega la anticoncepción de urgencia a una farmacia porque ya se había tomado una hacía tres meses; o el de una mujer que sufre violencia obstétrica durante el procés del parto; e incluso el caso de una entidad marcadamente anti-derechos de Tarragona que recibía financiación pública.

¿Y las instituciones, qué?

Por este motivo, se pide a las instituciones "un cambio de paradigma de atención y de servicio público. Un cambio que esté fundamentado en los derechos humanos de las mujeres y las personas", ha expuesto a Sílvia Aldavert, de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos. "No queremos paternalismo, ni moralismo. Queremos un cambio de paradigma".

Vulneración del derecho a la educación sexual

Durante la presentación del informe, se ha destacado también que la educación sexual y afectiva es uno de los derechos sexuales y reproductivos con más carencias en Catalunya. Sin ir más lejos, la Coordinadora de Comisiones de Género, Feminismos y Coeducación de las Escuelas Públicas de Gracia denuncia el contenido de un libro de texto de 6.º de primaria donde se pueden leer las definiciones que hacen del útero y la vagina. "Útero: Es donde se desarrolla el feto durante el embarazo". "Vagina: Es un pasillo muy elástico donde se introduce el pene durante la unión sexual".

"Las definiciones de útero y vagina que incorpora el libro, visibilizan la falta de perspectiva feminista en una materia tan importante como es la educación sexual y afectiva. Se explican diferentes partes del cuerpo a partir de la contraposición entre dos sexos y desde un enfoque marcadamente heteronormativo y falocéntrico", ha explicado Esther Murillo, coordinadora de Comisiones de Coeducación, Género y Feminismos de las Escuelas Públicas de Gracia.

Un proyecto adoctrinador con financiación pública en Tarragona

Laia Estrada, concejala de la CUP en el Ayuntamiento de Tarragona, ha explicado que denunciaron junto con la asamblea feminista Cau de Llunes, la financiación pública que recibe Llar Natalis, una residencia de acogida de la Fundación Obra Pia Montserrat. Mediante un convenio de colaboración con el Consejo Comarcal del Tarragonès y los ayuntamientos de la zona, Llar Natalis recibía usuarias de servicios sociales.

"Su perfil son mujeres embarazadas sin recursos y sin tejido familiar o social y que pueden estar considerando abortar", ha expuesto. Así pues, "Llar Natalis las acoge con la intención de disuadirlas mediante falacias como el síndrome postaborto y/o reforzante mitos", ha detallado.

La Informe pose de manifiesto las carencias que hay en la sociedad actual en materia de derechos sexuales y reproductivos. "No hay ningún Estado que garantice los derechos sexuales y reproductivos. No existen mecanismos de denuncia que puedan poner sobre la mesa las vulneraciones de derechos", ha insistido Aldavert. Así, ha explicado que "el objetivo del Observatori es poner una plataforma a la ciudadanía para tener un método de denuncia".

En la presentación han asistido, Esther Murillo, coordinadora de Comisiones de Coeducación, Género y Feminismos de las Escuelas Públicas de Gracia, Montse Cervera, de la campaña por el Derecho al Aborto Libre y Gratuito, Rosario Mendieta, de marea Verde Barcelona, Elena Longares de, LesBiCat y Campaña Feminista por el Derecho a la Reproducción Asistida, Eva Vela de FAME (Federación de Asociaciones de Matronas de España) y coordinadora de ASSIR, Ana Isabel Ibar de la sub-dirección general de Drogodependencias, Laia Estrada, de la CUP Tarragona, y Sílvia Aldavert, de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos. Todas ellas han subrayado la necesidad de un "cambio de paradigma" para revertir la situación actual.