El Ayuntamiento de Mataró se ha encontrado inesperadamente en el centro de una polémica que ha estallado a más de 800 kilómetros de distancia. El consistorio de Baños de Montemayor, un pequeño municipio de la provincia de Cáceres, en Extremadura, ha pagado un taxi hasta Mataró y cinco días de alojamiento a una familia que ocupaba unos apartamentos turísticos y que había protagonizado un conflicto de casi dos semanas con los propietarios del inmueble y los vecinos. La decisión, adoptada por la alcaldesa extremeña, Nieves del Vado, del PP, se ha tomado sin informar previamente al Ayuntamiento de Mataró, que se ha enterado a través de la prensa. El alcalde de la capital del Maresme, David Bote (PSC), ha reaccionado con indignación y ha advertido que estudia posibles medidas legales para aclarar si es lícito destinar dinero público a una operación de estas características. Pero hay todavía otra incógnita: a estas alturas, el consistorio mataroní no tiene constancia de que la familia haya llegado a la ciudad.
Fin a la pesadilla de unos propietarios en Baños de Montemayor: los okupas se van en un taxi pagado por el ayuntamiento https://t.co/5EqPk8yP6W
— Habilitados-nacionales (@HabilitadosN) October 24, 2026
El caso, que ha dado a conocer en Catalunya el medio local Capgròs, tiene su origen en Baños de Montemayor, una población de unos 700 habitantes situada al norte de la provincia de Cáceres. Una familia se había alojado en los apartamentos turísticos La Plazuela, pero, cuando finalizó la reserva, se negó a abandonar el inmueble. Los ocupantes sostenían que disponían de un contrato de arrendamiento de siete años, una versión que los propietarios negaban rotundamente. El conflicto se alargó casi dos semanas y provocó una fuerte tensión en el municipio, con concentraciones de vecinos, caceroladas diarias y la intervención de la Guardia Civil.
Finalmente, el pasado martes, 20 de octubre, se consiguió que los ocupantes abandonaran los apartamentos después de unas negociaciones en las que intervinieron la alcaldesa, los propietarios, la Guardia Civil y una empresa privada especializada en desocupaciones. Pero la solución tuvo un coste para las arcas municipales: el Ayuntamiento extremeño se comprometió a pagar el traslado de la familia hasta Mataró en taxi y a asumir cinco días de alojamiento en la capital del Maresme.
Y encima les ponen un taxi. Baños de Montemayor. La familia que okupaba un apartamento turístico del el pasado día 8 lo ha abandonado. Se han traslado a Cataluña en un taxi pagado supuestamente por el Ayuntamiento (en realidad lo pagamos todos). https://t.co/Omnj9W66oY
— Rick Deckard (@deckard75351) October 20, 2026
¿Por qué Mataró?
El destino no fue una elección del Ayuntamiento extremeño, sino de la propia familia, según ha explicado la alcaldesa de Baños de Montemayor en Radio Interior. Nieves del Vado ha asegurado que los ocupantes manifestaron que tenían familiares o conocidos en Mataró y que querían trasladarse allí. El consistorio aceptó la propuesta para facilitar la salida del inmueble y poner fin a un conflicto que había alterado la convivencia en un pueblo de solo 700 habitantes.
Según la versión de la alcaldesa, el dinero salió de una partida municipal de contingencias. El gobierno local también habría asumido cinco días de alojamiento para que la familia dispusiera de un margen de tiempo para reorganizarse. Los ocupantes, siempre según el relato de Del Vado, llegaron a reclamar unos 1.000 euros adicionales para gastos de alimentación, una petición que el Ayuntamiento rechazó. No ha trascendido, sin embargo, cuánto costó exactamente el taxi para recorrer los más de 800 kilómetros que separan Baños de Montemayor de Mataró, ni qué establecimiento debía acoger a la familia durante los cinco días pagados por el consistorio extremeño. Tampoco se ha hecho pública la documentación administrativa que justifica el gasto.
Notícia impactant x permetre aquesta vergonya i l'efecte crida. L'Ajuntament d Baños d Montemayor (Extremadura) envia una família d'okupes conflictius a Mataró amb les despeses pagades, taxi i cinc dies d'hotel. Pensa actuar @salvadorilla i @DBotePaz o amb Catalunya tot si val. https://t.co/SpyLgJbqwl
— Josep Mª Mis Mar (@misjosep) October 23, 2026
David Bote estalla y no descarta denunciar
La noticia ha provocado un profundo malestar en el Ayuntamiento de Mataró. El alcalde, David Bote, ha criticado duramente que otro consistorio decida enviar una familia a su ciudad, asumiendo el traslado y el alojamiento, sin ni siquiera establecer una comunicación previa entre las dos administraciones. "Estoy muy molesto. Así no se hacen las cosas", ha declarado Bote a Capgròs. El alcalde mataroní habló el miércoles por la noche con su homóloga extremeña para pedirle explicaciones, después de conocer los hechos a través de las informaciones periodísticas. Bote no solo cuestiona las formas, sino también la legalidad de la operación. "No descartamos preguntar de dónde sale este dinero con el que se ha pagado el traslado y reclamamos que se aclare cuál es la legalidad de esta actuación", ha advertido. El alcalde ha apuntado incluso la posibilidad de llevar el caso al Tribunal de Cuentas si considera que hay indicios de un uso injustificado de los recursos públicos.
El dirigente socialista también ha advertido del llamado "efecto llamada" que podría provocar esta manera de resolver los conflictos de ocupación. Según Bote, el precedente de pagar el traslado y el alojamiento de personas que se niegan a abandonar un inmueble podría animar a otros ocupantes a adoptar comportamientos similares. "Tenemos que ser responsables y evitar generar movimientos de personas entre municipios que puedan perturbar la paz", ha manifestado.
Un hotel desconocido y una llegada sin confirmar
Aunque el Ayuntamiento de Baños de Montemayor asegura que ha asumido cinco días de alojamiento en Mataró, no ha trascendido en qué hotel se tenía que quedar la familia, ni cuánto cuesta la estancia, ni si finalmente ha llegado a la capital del Maresme. Según la prensa extremeña, el alojamiento estaba previsto al menos hasta el lunes, 26 de octubre. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Mataró continúa sin tener constancia de la llegada de los ocupantes, una situación que añade todavía más interrogantes a una operación organizada sin informar al consistorio catalán. Esta falta de constancia no implica necesariamente que la familia no esté en Mataró, pero sí que evidencia que la operación se organizó sin la coordinación con la administración del municipio de destino. Tampoco se sabe qué pasará una vez que se agoten los cinco días de estancia pagados por el ayuntamiento extremeño.
La cuestión es especialmente delicada porque el traslado no responde a ningún programa conocido de cooperación entre administraciones, sino a una decisión adoptada por un ayuntamiento para poner fin a un conflicto surgido dentro de su término municipal. Ahora habrá que aclarar hasta qué punto este gasto encaja en las competencias municipales y si se siguieron los procedimientos administrativos correspondientes.
En Extremadura, el caso todavía trae cola
La polémica no ha terminado con la salida de la familia. Los propietarios de los apartamentos turísticos han denunciado desperfectos en el inmueble y pérdidas económicas derivadas de los días en que no pudieron explotar el alojamiento. El caso ha tenido eco en la prensa extremeña, que ya el martes informaba del acuerdo para facilitar la marcha de los ocupantes.
Este sábado, Radio Interior ha recogido las declaraciones de Francisco Fernández, responsable de Desokupa 24 Horas, la empresa que intervino en las negociaciones para recuperar el inmueble. Fernández ha anunciado que prepara una demanda penal relacionada con los desperfectos y los perjuicios económicos ocasionados a los propietarios. También ha defendido que la colaboración de los vecinos fue determinante para que los ocupantes aceptaran abandonar los apartamentos.
Así dejaron los okupas el apartamento turístico de Baños de Montemayor👇👇 https://t.co/Ycp4LpVV5y
— Radio Interior (@RadioInterior1) October 22, 2026
Mientras tanto, la decisión de la alcaldesa del PP ha abierto un debate sobre los límites de la intervención municipal en estos conflictos y sobre la conveniencia de financiar con dinero público el desplazamiento de las personas implicadas.