Sin consenso. La Audiencia de Barcelona ha validado, dividida, la resolución de la jueza de Martorell, del pasado mayo, de imponer a Jonathan Andic la medida cautelar de prisión eludible con una fianza de un millón de euros, investigado por la muerte de su padre, Isak Andic, según una resolución avanzada por La Vanguardia y a la que ha tenido acceso ElNacional.cat, este miércoles. El primogénito del fundador de Mango depositó la fianza, exigida por la Fiscalía, horas después. Isak Andic se precipitó por un barranco en Montserrat, cuando paseaba por un camino con su hijo Jonathan el 14 de diciembre de 2024.
En el auto, de 118 páginas, las magistradas de la sección novena Lluïsa Balagueró y Neus Codina aprueban la medida cautelar de la jueza de Martorell, Raquel Nieto. Por el contrario, el presidente del tribunal, Andrés Salcedo Velasco sostiene que se debería haber admitido parcialmente la medida cautelar propuesta por la defensa de Jonathan, liderada por Cristóbal Martell, sin necesidad de la prisión provisional. Es decir, la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio español y la obligación de comparecencia semanal en el juzgado, sin necesidad de fianza.
Arraigo, insuficiente
En la extensa resolución, las dos magistradas admiten que la instructora de Martorell le ha faltado argumentación y que se ha basado en las conclusiones de los informes de los Mossos. No obstante, aseguran que "esta insuficiencia expositiva no equivale, aun así, a una ausencia absoluta de motivación" y aprueban su resolución. "El riesgo se encuentra moderado, pero no eliminado, por su arraigo y por la conducta observada durante la investigación. Esta conducta se desarrolló durante el breve periodo de sobreseimiento provisional y, principalmente, antes de que el recurrente conociera que se le atribuía formalmente una participación dolosa en la muerte de su padre", afirman las dos magistradas, que añaden: "Por eso, no permite concluir que su comportamiento será necesariamente el mismo después de conocer la verdadera dimensión de la imputación y de la pena en expectativa". Por eso, concluyen que "el riesgo puede ser razonablemente neutralizado mediante la aplicación conjunta de la fianza de un millón de euros, la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del territorio nacional y las comparecencias periódicas acordadas. Estas medidas permiten conseguir el fin cautelar mediante una solución menos onerosa que la permanencia efectiva en la prisión, pero bastante intensa para responder a la gravedad y a las circunstancias singulares del caso."
El tribunal añade que el auto recurrido contiene "una base argumental reconocible". "Identifica como núcleo de la imputación la posible intervención del investigado en la precipitación de su padre y atribuye relevancia a las divergencias estimadas en las explicaciones ofrecidas, a la configuración y al conocimiento previo del lugar, a los desplazamientos realizados durante los días anteriores, a los datos técnicos y médico-forenses y al contexto personal, profesional y económico de la relación paterno-filial. Individualiza como finalidad cautelar el riesgo de fuga, que vincula a la gravedad del hecho, a la pena en expectativa y a las circunstancias económicas y personales del investigado".
