El modelo de residencias para las personas mayores ha entrado en cuestión. Ahora, a raíz de la crisis por el coronavirus. Pero desde hace años que los familiares, organizados en diferentes asociaciones, luchan por acabar con la privatización del servicio y para que las administraciones públicas cojan el control de un sistema que ha explosionado a raíz de la Covid-19.

Entre estas organizaciones está la Asociación Catalana de Afectados de Residencias. Su presidente, Joan Hernández, consiguió el primer y único caso ganado por una familia contra los gestores de una residencia por una negligencia con resultado de muerte. Ahora, desde la ACAR asesora a las familias que tienen residentes en centros que se han visto afectados por el coronavirus. Trabajan con 6 grupos de familias de diferentes residencias de titularidad privada, municipal y de la Generalitat y les dan la "máxima ayuda posible para que las denuncias no se archiven". Y destaca la importancia de la recopilación de las pruebas en el momento en que se hace la mala praxis.

Opacidad y falta de información

Entre las claves de la mala gestión está la opacidad de los centros. La falta de información a las familias ha sido una mala práctica continuada en muchas residencias durante esta crisis para evitar "que no saliera información" de como realmente se gestionaba la situación dentro de los centros. "Lo que han vivido peor las familias es la desazón de no saber nada y de no poder despedirse".

Lo peor, no tener noticias

"La negligencia es de quien no ha gestionado bien la residencia", dice Hernández, que cree que hay una responsabilidad compartida pero que la empresa adjudicataria, de algunas de las residencias, tiene gran parte de culpabilidad. "Las empresas no han cumplido el protocolo de acompañamiento a la muerte", añade Hernández, que recuerda que aparte de las medidas que se adoptaron a raíz del Covid-19 también había unos protocolos ya en vigor para todos los centros. Cuestiona también a los trabajadores, algunos de los cuales no tienen la formación suficiente y, ya antes de la Covid-19, no cumplían los protocolos.

En cuestión está nuevamente el modelo de privatización de los centros que ha llevado, en muchos de los casos, según Hernández, a no controlar el servicio a las personas que se tenía que ofrecer: "las residencias eran un aparcamiento de personas". Y ahora, el coronavirus ha dejado al descubierto todas las carencias.

El papel de la administración pública

Hernández reconoce, también, que el cierre de residencias se hubiera tenido que hacer más temprano: "Es una cadena que si se rompe, sólo que haya una persona que falle, se contagia todo el mundo". Y en este sentido señala que "el virus entró porque algún trabajador llevó el virus de fuera hacia dentro".

Según el presidente de l'ACAR "las residencias tenían que estar igual que un hospital" de blindadas y con las herramientas y garantías suficientes para atender a los residentes.

No se salva nadie

Al final, analizando la situación, se concluye que hay una responsabilidad compartida entre las empresas, la Generalitat y los ayuntamientos en los casos de residencias municipales. "El modelo es culpa del Estado y la Generalitat. No funciona y menos en una situación de crisis", observa. Y añade que "la Generalitat y las administraciones han permitido que se lucraran empresas que han dirigido un servicio deficiente".

La critica de la ACAR también va dirigida a la patronal de las residencias a quien responsabiliza de este afán de lucro y de las carencias en los servicios. "La patronal ha hecho una gran acción contra las administraciones públicas", dice. Y añade que "pedir el rescate es como pasar la culpa a otro".

La Generalitat ha intervenido 11 residencias y en medio de la crisis derivó la gestión a la Conselleria de Salut, después del colapso de los centros durante el confinamiento y que en un primer momento estaba en manos de la Conselleria de Treball, Benestar i Família.