Condena para la tuitera que difundió fake news sobre menores extranjeros. La vecina de Tortosa ha aceptado este martes un año de prisión, 900 euros de multa y cinco años de inhabilitación en oficio educativo, deportivo o de ocio y un programa de tratamiento contra los delitos de odio por haber publicado un vídeo en Twitter donde señalaba a menores inmigrantes solos como autores de una agresión a una maestra, aunque el vídeo era de Brasil.
Delito de odio
Inicialmente, la Fiscalía pedía dos años de prisión y 6.480 euros de multa, pero ha acabado rebajando la petición, que la defensa ha aceptado y así se ha evitado celebrar el juicio en la Audiencia de Barcelona. Así pues, la mujer ha sido condenada por un delito de odio por discriminación relativa a la nación u origen nacional con la agravante de difusión en internet.
La mujer, que es pensionista, podrá pagar la multa en 12 meses y se le acabará suspendiendo el ingreso en la prisión si no delinque durante dos años. La acusada ha admitido que difundió el vídeo que mostraba a jóvenes violentos y aseguraba que eran menores migrados solos en un centro español. A pesar de que, las imágenes eran procedentes del Brasil y nada tenían que ver con los menores que llegan al Estado. Según la Fiscalía, el objetivo de la acusada era vincular un caso de actos vandálicos con este colectivo para "denigrarlo".
El vídeo difundido en las redes
La condenada, que tenía antecedentes penales por simulación de delito, publicó en su cuenta de Twitter un vídeo de 45 segundos que mostraba a unos jóvenes violentos, gritando, tirando papeles contra una profesora y estropeando el mobiliario de la clase. Momentos después, la acusada publicó un mensaje en el mismo canal en que se podía leer: "Te envío un vídeo de un centro educativo para los inmigrantes menores de edad que entran ilegalmente en España. Te ruego que lo difundas para que España se dé cuenta de ello de una vez cómo nos agradecen que los acojamos".
La Síndica de Greuges de Barcelona denunció en la fiscalía el 2 de julio de 2018 la difusión por internet y redes sociales de un vídeo con expresiones que asociaban interesadamente a los menores inmigrantes, no acompañados con violencia a las aulas. Una semana después, la fiscal jefe de Barcelona encargó la investigación al fiscal de odio, Miguel Ángel Aguilar, que pidió a la unidad de investigación de radicalismos a la red, de la Comisaría de Información de los Mossos, que buscaran el origen del vídeo. La investigación policial permitió comprobar que el vídeo recoge hechos que no sucedieron en España, sino en Brasil y que no tienen nada que ver con menores de edad que hayan emigrado al Estado.
Difamación de los menores
En octubre de 2019, la policía catalana entregó dos atestados donde identificaba a varios autores que habían difundido el vídeo por Twitter y Facebook, y que residían en Cuenca, León, Granada y Madrid. El fiscal remitió los atestados en las fiscalías provinciales correspondientes para que lo investigaran. En el otro atestado se identificaba la titular de una cuenta de Twitter, vecina de Sant Joan Despí, que difundió el vídeo y el mensaje el 13 de junio de 2019. En diciembre, de aquel año, los Mossos le tomaron declaración como investigada, pero la mujer se negó.
"En este caso, con la difusión del vídeo impactante y el texto poco después enlazado en este, la acusada pretendía, con manifiesto desprecio a la verdad y de forma masiva e indiscriminada entre todos los usuarios potenciales de la red social Twitter, asociar un comportamiento violento a las aulas con todos los menores no acompañados procedentes de otros países," considera la fiscalía. Al mismo tiempo, advierte que esta conducta buscaba "difamarlos, asociándolos de forma generalizada con actos incívicos, violentos y de falta de respeto a la autoridad del profesorado, desprestigiándolos" y con eso y potenciar o aumentar entre la población "prejuicios y estereotipos" contra este colectivo de personas, "especialmente vulnerables", con el consiguiente riesgo de generar sentimientos de rechazo y animadversión social ante ellos.