Amnistía Internacional denuncia que miembros de las Fuerzas Armadas españolas han sometido a personas migrantes y solicitantes de asilo en Ceuta a palizas, humillaciones y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que, en algunos casos, podrían constituir tortura. La organización alerta de que estas prácticas, atribuidas especialmente a unidades de Regulares y de la Legión, parecen responder a un patrón de actuación contra una población que continúa en situación de desprotección. Las conclusiones llegan después de una investigación sobre el terreno, en la que la entidad ha entrevistado a más de 65 personas y ha constatado las graves carencias de acogida que sufren miles de migrantes, incluidos cientos de mujeres y niños que duermen a la intemperie.
Palizas, amenazas y humillaciones atribuidas a militares
Durante una visita a Ceuta del 10 al 15 de septiembre, Amnistía Internacional recogió 22 testimonios directos que atribuyen a militares agresiones físicas, acoso, robos de dinero y confiscaciones o destrozos de teléfonos móviles. La organización asegura que ha documentado lesiones compatibles con golpes de porra, incluidas heridas en la cabeza, y ha tenido acceso a vídeos que muestran agresiones contra personas tendidas en el suelo. Entre los casos investigados se encuentra el de un joven marroquí que explicó que hacía 25 días que no podía caminar después de que un militar lo empujara desde una altura elevada. Otros testimonios describen golpes y agresiones mientras las víctimas estaban inmovilizadas con bridas.
Las denuncias también incluyen amenazas para que los migrantes abandonen Ceuta, impedimentos para dormir durante la noche y humillaciones relacionadas con sus creencias religiosas. Amnistía Internacional afirma haber documentado identificaciones arbitrarias basadas en el color de la piel o la indumentaria, que también afectan a residentes de Ceuta de origen marroquí. Durante la investigación, miembros de la organización presenciaron cómo unos militares obligaban a un grupo de personas racializadas a abandonar un banco público. Cuando preguntaron por el motivo de la actuación, uno de los militares respondió: "Tenemos órdenes para que no se sientan cómodos".
Cientos de menores y mujeres continúan durmiendo en la calle
La situación de los niños es una de las principales preocupaciones de la organización. Según los datos recogidos, se han identificado 2.383 menores migrantes no acompañados en Ceuta, de los cuales entre 500 y 700 continúan en la calle sin ningún tipo de cobertura. Algunos tienen solo 12 o 13 años y están expuestos a agresiones, falta de alimentación adecuada y ausencia de recursos de emergencia. Amnistía Internacional también ha recogido testimonios de menores que aseguran haber acudido reiteradamente a dependencias policiales para pedir protección sin obtener respuesta. Mientras tanto, el Ministerio de Juventud e Infancia ha confirmado que 54 menores han sido reagrupados con familiares en la península.
La desprotección también afecta a unas 800 mujeres que, según las estimaciones recogidas, continúan viviendo en la calle, algunas con sus hijos. Una veintena de familias encabezadas por mujeres se alojan en una carpa próxima a la mezquita de Sidi Embarek, donde duermen en el suelo y no disponen de duchas ni lavabos. La organización también alerta de denuncias de violencia sexual contra mujeres y niñas migrantes y de las dificultades para acceder a una asistencia sanitaria adecuada. A esto se añade la insuficiencia del reparto de alimentos, que en algunos puntos se limita a una ración diaria, y la falta de agua potable, higiene y alojamientos dignos.
Amnistía Internacional exige actuaciones urgentes a las autoridades
Ante esta situación, Amnistía Internacional ha enviado cartas a los presidentes de los gobiernos español y ceutí para reclamar un plan urgente de asistencia humanitaria, alojamiento digno y atención especializada a las personas más vulnerables. También pide facilitar el traslado de menores y solicitantes de asilo a la península, garantizar el acceso a los procedimientos de protección internacional e investigar de manera independiente las denuncias de agresiones, apartando cautelarmente a los militares implicados. La entidad reclama igualmente que cesen las prácticas de discriminación racial y los obstáculos al trabajo de periodistas y organizaciones humanitarias, después de haber documentado episodios de acoso contra activistas que prestan ayuda a las personas migrantes.