Un juzgado de Vilafranca del Penedès ha admitido a trámite una querella de la Fiscalía contra la empresa Basic Devices, SL, que facturó 35 millones de euros en marzo del 2020 a la Generalitat por la venta de mascarillas, uniformes de protección, respiradores y otro material sanitario que el Institut Català de la Salut (ICS) compró durante la pandemia de la covid-19. La Fiscalía considera que defraudaron a Hacienda cerca de 260.000 euros en concepto de IVA no pagado y, a raíz de la denuncia, el juzgado ha abierto una investigación contra el administrador de la firma, Josep Maria Parellada, y su hijo, según ha adelantado El Periódico.

El ministerio público señala que la compañía, que se constituyó en mayo del 2008, no tenía trabajadores ni medios materiales el 19 de marzo del 2020, momento en que facturó los 35 millones de euros de la Generalitat. Asimismo, indica que había estado inactiva los años anteriores al 2020, cuando importó y comercializó el material sanitario proveniente de una empresa china. Según la Fiscalía, los administradores de la empresa no reflejaron los importes contabilizados ni registros en las autoliquidaciones trimestrales del IVA, sino otros que, en el cómputo anual, supusieron declarar un impuesto superior al real y liquidar 51.000 euros, en vez de los 260.000 que el ministerio público dice que correspondían.

Las irregularidades

La Oficina Antifrau de Catalunya remitió a la Agencia Tributaria en mayo de 2022 la investigación que abrió a raíz del contrato que la Generalitat adjudicó de manera urgente a Basic Devices, visto el "riesgo tributario" que se infirió al respecto. Es decir, que la aplicación del IVA podría no ser del todo correcta. En un comunicado, Antifrau indicó que tomaba esta decisión después de haber valorado las alegaciones del Institut Català de la Salut y del Departament de Economia i Hisenda, y reafirmó que el 20 de marzo de 2020, cuando se ordenó el pago anticipado de 35.000.000 euros en la empresa, "no había cobertura legal para hacerlo".

Antifrau expuso que, a raíz de la pandemia, el 23 de abril de 2020 entró en vigor una modificación que establecía aplicar el tipo del cero por ciento del IVA por compras intracomunitarias, siempre que sus destinatarios fueran entidades de derecho público, clínicas o centros hospitalarios. En el caso de Basic Devices, indicó que, aunque el abono del precio, con el IVA soportado correspondiente, se realizó en fecha anterior al de la entrada en vigor de normativa mencionada, entregando al ICS material sanitario importado hasta mayo del 2020. Es por eso que Antifrau consideró que se había inferido "un riesgo tributario" y puso el caso en conocimiento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) por si consideraba que podía actuar.