La Asociación de Clínicas Acreditadas por la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) ha denunciado el acoso que sufren los profesionales y las mujeres que recurren estos centros por parte de grupos antiabortistas que las tildan de asesinas. "Mientras exista el derecho al aborto, cualquier obstáculo para acceder es ilegítimo", ha sentenciado José Antonio Bosch, asesor jurídico del ACAI. Desde la asociación piden que se acaben estos ataques y se respeten la dignidad y la intimidad de las usuarias y el personal sanitario.

Bosch ha asegurado que son una excepción aquellas clínicas donde no se produce este tipo de acoso, según recoge Efe. El asesor jurídico ha recordado en rueda de prensa que este tipo de ataques han ido en aumento los últimos años y que hay unas 15 asociaciones "que se dedican eso" bajo el amparo de la libertad de expresión.

Las clínicas abortivas realizan aproximadamente unos 100.000 abortos anuales, en el 70% de casos que no superan las ocho semanas de gestación y un 3% por malformaciones del feto, según informa Efe. Todas estas intervenciones se realizan bajo el amparo de la ley del aborto, la cual reconoce el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo voluntariamente durante las primeras 14 semanas de gestación y sin límite de semanas en los casos de anomalías incompatibles con la vida.

Ataques cronificados

El acoso a las clínicas abortivas es un problema que se alarga a lo largo de los años, desde la misma creación de estos espacios. A pesar de todo en los últimos estos ataques han ido creciendo, atentando cada vez más contra la intimidad de las mujeres que acceden a las clínicas. La situación es especialmente complicada en las ciudades pequeñas, según ha informado el ACAI.

Como respuesta al crecimiento de las acciones contra los centros abortivos el Grupo Socialista en el Congreso ha propuesto una modificación del Código Penal para incluir penas de prisión a aquellos que fustigan a las usuarias que acceden a las clínicas.

La Plataforma Derecho en Vivir, que históricamente han posicionado en contra del derecho del aborto, han respondido con una recogida de firmas y aseguran que se quiere "criminalizar" el movimiento antiabortista.

La fragilidad del derecho al aborto

Las dificultades para ejercer el derecho al aborto se extiende por todo el territorio. El caso de la incapacidad de abortar en Lleida concluyó el pasado mes de mayo cuando Salud firmó un acuerdo con la clínica Mi NovAliança para asegurar que las leridanas pueden abortar entre las semanas 9 y 14. Será, sin embargo, el único centro de la demarcación que ofrecerá este servicio y se espera que empiece a hacerlo antes del verano porque todavía falta algún trámite administrativo.

Por otra parte, en el Pirineo se pide que pueda interrumpir el embarazo quirúrgicamente a partir de las 9 semanas en algún centro del Pirineo para no tener que desplazarse hasta Lleida ciudad.

Los hospitales públicos de las Terres de l'Ebre se encuentran en una situación similar y las mujeres que quieren abortar con este método son derivadas en centros de salud privados de Tarragona y Barcelona. Alternativamente, solo pueden acogerse a la interrupción farmacológica durante las nueve primeras semanas de gestación.

 

Imagen principal: Manifestación antiabortista del año 2020 en Asturias / Europa Press