La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por supuestos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal con relación al rescate por parte del Gobierno de la aerolínea Plus Ultra, que tiene una parte importante de su accionariado vinculado a empresarios venezolanos, ha supuesto un terremoto político que ha hecho tambalear los cimientos de lo que queda de legislatura. La tesis del juez José Luis Calama, magistrado de la Audiencia Nacional y titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, el juez que ha llevado la investigación del caso Plus Ultra y que ha acordado la citación de Zapatero como investigado, es que el expresidente habría actuado como una pieza relevante de una estructura organizada para favorecer intereses económicos ligados a operaciones vinculadas a Plus Ultra y a empresarios del entorno investigado. También se le atribuye haber recibido pagos elevados por asesorías o informes que, según la instrucción, podrían encajar en un esquema de tráfico de influencias y posible blanqueo de capitales. La imputación de Zapatero tiene una derivada internacional: la colaboración de las autoridades de Estados Unidos con la investigación española. El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense (DHS por las siglas en inglés) colaboró con la policía española en la investigación “sobre blanqueo de fondos públicos internacionales” que condujo a la imputación de Zapatero, a través de la agencia Homeland Security Investigations (HSI). En su auto, la Audiencia Nacional señaló que la HSI extrajo información de un dispositivo móvil de Rodolfo Reyes, vinculado a Plus Ultra y también investigado, y entregó estos datos a la policía española. En estas comunicaciones aparecerían referencias a Zapatero en el marco de presuntos contactos políticos relacionados con las ayudas públicas concedidas a la compañía. 

"Aunque ahora mismo no podemos comentar los detalles de la investigación penal, la HSI mantiene su compromiso de colaborar con sus socios internacionales para combatir la delincuencia global, proteger nuestras comunidades y defender el Estado de derecho", afirmó el portavoz del DHS. La agencia dentro del DHS que se encarga de investigar delitos transnacionales y complejos es la Homeland Security Investigations (HSI), la rama investigadora del ICE dentro del Departamento de Seguridad Nacional. La documentación remitida por la HSI fue incorporada a la causa que instruye el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional sobre el rescate de 53 millones de euros concedido durante la pandemia a la aerolínea Plus Ultra.

El caso también conecta con otras investigaciones de Estados Unidos sobre posibles operaciones de blanqueo vinculadas a tramas internacionales relacionadas con Venezuela, Rusia e Irán. Según publica El País, Washington ya había puesto el foco en el banco suizo MBaer por su presunta implicación en movimientos de fondos sospechosos. Entre las operaciones analizadas figuraban cuentas vinculadas a inversores relacionados con Plus Ultra y una transferencia de más de 519.000 dólares hecha por la aerolínea. Sin embargo, el auto del juez Calama no sitúa como eje central la presunta trama de corrupción de PDVSA señalada por las autoridades norteamericanas. La causa española se centra sobre todo en determinar si el rescate público concedido a Plus Ultra fue favorecido mediante una red de influencias atribuida a Zapatero y a su entorno.

La participación estadounidense no implica que Estados Unidos haya impulsado directamente la imputación de Zapatero, sino que aportaron información relevante a las autoridades españolas. Estados Unidos aparece en el caso como colaborador policial y como fuente de información financiera, pero no como actor judicial principal. La imputación de Zapatero es una decisión de la Audiencia Nacional española, aunque una parte de los indicios utilizados en la investigación provienen de la cooperación con la agencia estadounidense HSI. No obstante, la ultraderecha está aprovechando esta conexión para lanzar rumores falsos y noticias fake aprovechando los vínculos de Zapatero con el régimen de Nicolás Maduro y las malas relaciones entre la administración Trump y el gobierno de Pedro Sánchez. Entre otras noticias, están circulando a través de las redes que  Estados Unidos ha emitido una orden de arresto e imputación contra Zapatero al considerarlo uno de los aliados del expresidente venezolano. La afirmación se ha viralizado, junto con un vídeo en el que aparece Vito Quiles —agitador de ultraderecha y colaborador de la agrupación política Se Acabó la Fiesta (SALF)— en el que asegura que Trump planea una orden de arresto contra Zapatero. De hecho, las informaciones sobre esta supuesta orden que la administración Trump debe emitir para arrestar a Zapatero circulan desde que Nicolás Maduro fue capturado y deportado a Estados Unidos el pasado enero.

En agosto, la organización ultraderechista Manos Limpias ya pidió al Departamento del Tesoro de Estados Unidos que sancionara a Zapatero por unos supuestos “crímenes de lesa humanidad” en Venezuela. No consta, sin embargo, que la organización presentara ninguna denuncia formal ante un juzgado estadounidense ni que Washington haya impuesto ninguna sanción al expresidente.  Además, Estados Unidos tampoco ha solicitado ninguna notificación roja de Interpol contra Zapatero, como también ha circulado por las redes. Esta notificación es una petición dirigida a las fuerzas policiales de todo el mundo para que localicen y detengan a una persona mientras queda pendiente su extradición o una actuación judicial similar.