El Gobierno sigue echando pelotas fuera sobre la liberación de Carles Puigdemont, después de que el tribunal de Schleswig-Holstein haya tumbado el delito de rebelión. La idea es que el proceso de extradición aún no se ha resuelto, si no que los jueces solamente han decretado medidas cautelares de libertad provisional, a la espera de resolver la euroorden por delito de malversación en España. "Hace falta ser prudente y tener cautela, hay que dejar que la Justicia decida" se justificaba el portavoz Íñigo Méndez de Vigo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

"Veremos cómo acaba el procedimiento, que pasa por diferentes fases. No se pueden aventurar hipótesis, esperemos al resultado final sin especular" ha expuesto De Vigo, como abriendo la puerta a que en algún momento del proceso se pueda aplicar el procesamiento por rebelión. Esta prudencia, sin embargo, contrasta con la convicción de la rueda de prensa del pasado 27 de marzo. "Yo no dije que la Rebelión fuera equivalente a la Alta Traición, yo me limité a decir lo que ponía a la euroorden", ha insistido sobre unas declaraciones de aquel día donde afirmó en que eran tipos "equivalentes".

Así y todo, el portavoz ha huido de valorar la imagen de España en el exterior, una vez Alemania ha tumbado el relato de la violencia en la hoja de ruta, al considerar que no se habría producido en una magnitud capaz de sobrepasar al Estado. "Es una cosa entre jueces, no entre gobiernos" se lavaba las manos De Vigo, después de hacer hace semanas un llamamiento a la Unión Europea sobre que el proceso independentista no solamente era de ámbito español, sino que afectaba a todos los países comunitarios porque "vulnera la ley". Así y todo, ha rechazado de momento promover en el seno del Consejo de la UE una modificación sobre las euroórdenes.

También, ha evitado pronunciamientos sobre los efectos –judiciales y políticos– que se pudiera derivar del caso para las personalidades del Govern, Òmnium y ANC, que están procesadas por rebelión y en prisión provisional en España. Ha dicho que la Moncloa no extraía ninguna consecuencia y se limitaba a seguir gestionando el día a día de Catalunya en virtud del mantenimiento del artículo 155 de la Constitución y dada la falta de Govern porque el Parlament no ha conseguido votos suficientes para investir a un presidente de la Generalitat.

Así las cosas, el portavoz ha resaltado que las autoridades alemanas no habían avalado la idea de los "presos políticos", como el mismo cabeza de lista de Junts pr Catalunya ha dicho que era una "vergüenza" que hubiera. La afirmación del ministro llega porque en un apartado del texto judicial, los magistrados germánicos afirman que se descarta la posibilidad de que Puigdemont sea juzgado por su condición política, si lo devuelven a España. Además, ha añadido que los países donde están los otros antiguos consellers tampoco se habían pronunciado sobre el fondo del caso.