La Junta Electoral Central (JEC) ha dado otro paso más para proceder al cese del diputado de la CUP y secretario tercero de la Mesa del Parlament, Pau Juvillà, inhabilitado por desobediencia, y ha dado un ultimátum a la presidenta del Parlament, Laura Borràs. En concreto, ha dado un plazo de 5 días a Borràs para cumplir la sentencia, y ha advertido que incurrirá en "consecuencias jurídicas" si no lo hace. Juvillà fue condenado por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en diciembre a seis meses de inhabilitación y a una multa de 1.080 euros por negarse a retirar los lazos amarillos en el Ayuntamiento de Lleida en 2019, durante la campaña de unas elecciones generales.
Tanto Cs como Vox y el PP reclamaron que, en consecuencia, se le retirara el acta de diputado del Parlament y elevaron un escrito a la JEC, que les dio la razón. La JEC recordó que, de acuerdo con la ley, la jurisprudencia y el precedente que significó el caso del president Quim Torra, el delito de desobediencia por el que ha sido condenado Juvillà cae dentro del capítulo de delitos contra la administración y su condena se convierte en causa de inelegibilidad sobrevenida aunque la sentencia del TSJC no sea firme porque puede haber recurso ante el Supremo. En una resolución aprobada este jueves y recogida por Europa Press, la JEC insiste que la condena que pesa sobre Juvillà implica la retirada del escaño, sin que haya lugar a la suspensión, y da el plazo de cinco días al Parlament para cumplirlo.
Borràs ha manifestado en varias ocasiones su compromiso de preservar el escaño de Juvillà hasta que haya una sentencia firme, por lo que ha asegurado que en al cupaire se le respetará el derecho político por mucho que la JEC indique lo contrario. "No tengo la potestad ni la voluntad de retirar el escaño a Juvillà ni a ninguno de los diputados, y actuaré de acuerdo con la preservación de los derechos y libertades", ha argumentado en las últimas semanas la presidenta, que ha recordado que el Parlament "es la sede de la soberanía del pueblo de Catalunya" y que, en cambio, la JEC "es una entidad administrativa". Mientras tanto, el pleno del Parlament ha aprobado esta semana la presentación de un recurso contencioso administrativo al Tribunal Supremo acompañado de medidas cautelares en contra la orden de la JEC de retirar el escaño del diputado. Después del requerimiento de la JEC, la CUP se ha reafirmado en el acuerdo aprobado en el pleno, el pasado 17 de diciembre, a favor del acta de Juvillà y reiteran la voluntad de mantener la soberanía del Parlament ante la intromisión "de un órgano administrativo sin competencias para resolver sobre esta cuestión".