El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha citado a declarar como investigado para el próximo 6 de noviembre el conseller de Interior, Miquel Buch, acusado de un delito de desobediencia por promover el 1-O entre los alcaldes cuando presidía la Associació Catalana de Municipis (ACM). Buch es el primer conseller del Govern actual que está llamado a comparecer ante el TSJC.

Además de Buch, el magistrado del TSJC Jordi Seguí ha citado para el mismo día a la expresidenta de la Associació de Municipis per la Independència (AMI) Neus Lloveras, para interrogarla en calidad de investigada. Ella misma lo ha confirmado a través de Twitter, donde ha publicado el documento de citación del juez.

El TSJC había enviado en febrero la causa al Tribunal Supremo, pero el magistrado instructor del alto tribunal Pablo Llarena rechazó su competencia para investigarla. La investigación deriva de la querella por desobediencia que la fiscalía presentó en septiembre del año pasado y se tramita en el TSJC porque Buch, como conseller, es aforado.

El TSJC admitió a trámite la querella por desobediencia y acordó citarlos a declarar como investigados, aunque sin fijar una fecha, a la espera de que la resolución fuera firme. Cuando el Supremo asumió la causa por rebelión contra los líderes independentistas, el TSJC le remitió la investigación sobre Buch y Lloveras, para evitar "resoluciones contradictorias" y posibilitar "la investigación y enjuiciamiento conjunto" del caso relativo al proceso soberanista.

Investigados por tres correos

Según la exposición razonada que Seguí envió a Llarena, Lloveras y Buch enviaron un correo electrónico a los alcaldes de Catalunya, minutos después de haberse aprobado la ley del referéndum, donde se les indicaba que tenían que proceder a confirmar la disponibilidad de locales de votación, y les facilitaban un modelo de decreto de alcaldía para mostrar su apoyo político al referéndum.

A pesar de la suspensión del referéndum por parte del Constitucional, el 10 de septiembre Lloveras envió otro correo a los asociados con un informe elaborado por el colectivo Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local per la Independència (SITxCAT) sobre el 1-O, que concluía que el derecho internacional ampararía la actuación de los funcionarios que desobedecieran el TC y cumplieran la ley catalana.

El 12 de septiembre, Lloveras y Buch enviaron un tercer correo con el nombre de "Material de campanya pel Referèndum de l'1 d'octubre", que contenía el modelo de dos carteles de fomento de la participación y, en el caso de la AMI, uno que pedía el voto afirmativo.