El Tribunal Supremo ha obligado a recuperar el topónimo franquista de "Villanueva de Castellón", en la comarca de la Ribera Alta, en el País Valencià. Concretamente, el alto tribunal español ha desestimado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Castelló y ha confirmado la anulación de la denominación oficial en valenciano del municipio, avalado de manera unánime por la comunidad científica y la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Sin embargo, el argumento de la confusión administrativa ha pesado más que el argumento lingüístico: que la denominación valenciana del municipio puede confundirse con Castelló de la Plana, según la justicia.
La decisión ratifica la sentencia dictada en marzo de 2025 por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que declaró nulo el decreto aprobado por el Consell en septiembre de 2020. Aquel decreto, firmado bajo la presidencia de Ximo Puig, había oficializado la forma autóctona sin añadidos (Castelló) para deshacerse del nombre castellanizado impuesto por el franquismo. Ahora, la negativa del Supremo a revisar el caso ha dejado al municipio sin amparo judicial a escala estatal en la defensa de su denominación tradicional. La sala contencioso-administrativa del alto tribunal ha argumentado que no tiene consecuencias para interpretar la normativa autonómica valenciana en la que se fundamentó la sentencia del TSJCV —el decreto 69/2017, que regula los criterios y trámites para la modificación de los nombres de los pueblos y ciudades de el País Valencià.
El riesgo de confusión
La sentencia original del TSJCV no cuestionó la legitimidad histórica, filológica o cultural de Castelló, y los mismos magistrados admitieron en el texto judicial que la tramitación del cambio había cumplido todos los requisitos legales y contaba con el aval científico de la autoridad lingüística oficial, la AVL. Sin embargo, estimó los recursos contenciosos del Ayuntamiento de Castelló de la Plana, de la Federación Coordinadora de Entidades del Reino de Valencia y de tres particulares, anteponiendo incidencias burocráticas a la recuperación de la toponimia histórica. La prueba determinante fue un informe emitido por el secretario general del consistorio de la Plana Alta que registraba 475 entradas telemáticas dirigidas a la capital castellonense que habían entrado por equivocación en la sede electrónica del municipio de la Ribera Alta entre el 30 de marzo y el 10 de junio de 2021. Este lapso de poco más de dos meses y medio fue considerado por el tribunal como prueba suficiente de un "riesgo real y efectivo de confusión" entre administraciones públicas.
La controversia sobre el nombre de esta localidad de la Ribera Alta, de unos siete mil habitantes, arrastra décadas de confrontación política e identitaria. Las fuerzas progresistas han impulsado históricamente la fórmula de Castelló de la Ribera para superar la imposición franquista, pero las formaciones de derechas siempre han reivindicado el nombre fijado durante la dictadura ("Villanueva de Castellón"). La decisión del Consell en 2020 de adoptar la denominación de simplemente Castelló pretendía cerrar definitivamente la disputa, aplicando con rigor el criterio académico. Ahora, la alcaldesa del municipio, Hortensia Gómez, ha reiterado su voluntad de continuar explorando todas las vías jurídicas y administrativas para evitar que la localidad quede condenada a llevar un nombre impuesto. Ha asegurado que trabajarán con los servicios jurídicos para consolidar la toponimia propia: "Nuestro pueblo merece un nombre en valenciano".