El caso de David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, abre una nueva vía judicial. El Tribunal de Cuentas ha decidido investigar si los salarios que percibió durante los nueve años que trabajó en la Diputación de Badajoz ocasionaron un perjuicio económico a las arcas públicas. El organismo ha rechazado la petición de archivo presentada por la institución provincial y ha acordado elevar las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento para que proponga el nombramiento de un delegado instructor que dirija la investigación. La decisión llega a raíz de las denuncias presentadas por Iustitia Europa, el PP, Vox y la asociación Hazte Oír, que atribuyeron a Sánchez una posible "responsabilidad contable" después de que la Audiencia Provincial de Badajoz lo condenara a nueve años de inhabilitación por la creación de una plaza en la Diputación que posteriormente le fue adjudicada. Estas acusaciones populares han pedido que se investiguen las retribuciones abonadas por la Diputación a Sánchez y a Luis María Carrero, otro de los trabajadores vinculados al caso. El Tribunal de Cuentas considera que la posibilidad de que se hubieran producido pagos sin justificación suficiente hace necesario aclarar los hechos y determinar si existen responsabilidades contables.
Rechazado el archivo que pedía la Diputación
La Diputación de Badajoz había presentado alegaciones y documentación para pedir que se archivaran las diligencias preliminares. La institución provincial defendía que los hechos denunciados no presentaban indicios de responsabilidad contable ni habían provocado ningún "menoscabo efectivo" de los fondos públicos. La Fiscalía, en cambio, se pronunció a favor del nombramiento de un delegado instructor para que practicara las diligencias necesarias para aclarar si David Sánchez había incurrido en responsabilidad contable por el cobro de su salario. En la resolución, el Tribunal de Cuentas recuerda que el archivo solo es procedente cuando resulta manifiesto que los hechos denunciados no pueden constituir un alcance de fondos públicos. Es decir, cuando su irrelevancia desde el punto de vista de la responsabilidad contable es "patente, clara y descubierta".
El organismo fiscalizador considera que este no es el caso. Según argumenta, en esta fase inicial no corresponde tomar una decisión definitiva sobre si existe o no responsabilidad contable, sino valorar si los hechos denunciados pueden dar lugar a un juicio contable. El tribunal señala que las denuncias hacen referencia a presuntos pagos sin justificación y que "la sola posibilidad" de que se hayan producido hace necesaria la apertura de una investigación para aclarar los hechos. Por este motivo, concluye que las alegaciones de la Diputación no desvirtúan la necesidad de continuar las actuaciones y rechaza archivarlas. El nombramiento de un delegado instructor permitirá ahora practicar las diligencias necesarias para determinar si hubo un perjuicio a los fondos públicos y si se pueden derivar responsabilidades contables.
Más de 340.000 euros en nueve años
David Sánchez percibió 340.572 euros brutos entre julio de 2017 y mayo de 2025. La cifra corresponde a las retribuciones acumuladas durante los nueve años de vinculación con la institución provincial, primero como coordinador de actividades de conservatorios de música (hasta 2022) y posteriormente, como coordinador de actividades de conservatorios de música entre 2017 y 2022, y posteriormente como jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz.
La investigación también afectará al puesto ocupado por Luis María Carrero, amigo de Sánchez, que habría percibido 86.988 euros, según las cantidades aportadas por Iustitia Europa, una de las entidades que han impulsado la acción pública ante el Tribunal de Cuentas.
En total, las dos retribuciones superarían los 427.000 euros. Ahora bien, estas cantidades son las que señalan las acusaciones y no constituyen todavía una deuda reconocida ni una obligación de devolución. El Tribunal de Cuentas todavía tiene que determinar si hubo un perjuicio efectivo para las arcas públicas y cuál sería el importe.
Una condena de nueve años de inhabilitación
La nueva investigación tiene como antecedente la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz del 14 de julio, que condenó a David Sánchez a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa, en calidad de cooperador necesario. La resolución consideró que el puesto de trabajo que había ocupado en la Diputación se había creado y modificado de manera irregular para favorecer su adjudicación. Sánchez había sido contratado inicialmente en 2017 como coordinador de las actividades de los conservatorios de música. En 2022, el puesto se transformó en el de jefe de la Oficina de Artes Escénicas, desde donde desarrolló el proyecto Ópera Joven. La sentencia también condenó a otros responsables de la Diputación, entre los que se encontraba Luis María Carrero, por su participación en los hechos relacionados con la creación y adjudicación de los puestos de trabajo cuestionados.
La Diputación no quería reclamar los salarios
El pronunciamiento del Tribunal de Cuentas abre ahora una vía diferente de la penal. No se trata de volver a juzgar la prevaricación, sino de averiguar si los hechos provocaron un perjuicio real a los fondos públicos y, si es así, quién debería asumir la responsabilidad económica. El delegado instructor deberá practicar las diligencias necesarias, cuantificar el posible perjuicio e identificar a los eventuales responsables. Si se aprecia un alcance contable, se podrían exigir garantías para asegurar el reintegro de las cantidades que correspondan. La condena penal de David Sánchez todavía es susceptible de recurso. Y, en esta nueva vía, tampoco hay todavía ninguna resolución que le obligue a devolver el dinero. Lo que sí ha decidido el Tribunal de Cuentas es que hay que investigar si los salarios abonados con dinero público estaban justificados.
