El Tribunal de Cuentas (TCu) elude la amnistía del 1-O. La consejera Elena Hernáez ha comunicado este jueves una providencia en la que descarta hacer nuevas diligencias y buscar si se gastaron fondos europeos para el 1-O, tal como le propuso la acusación de Societat Civil Catalana (SCC); y que no existen. No obstante, la consejera todavía no ha aplicado la amnistía a los presidents Carles Puigdemont y Artur Mas y al exvicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras, y a unos 35 excargos del Govern, tal como la invitó a hacer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el pasado julio, a quien consultó la legalidad de la norma del olvido penal. En la causa, se exige que devuelvan 5 millones de euros a la Generalitat por el gasto del 1-O y la promoción de Catalunya en el exterior.
En la providencia, a la que ha tenido acceso ElNacional.cat, la consejera comunica a las partes que tiene sus escritos de alegaciones, la mayoría exigiéndole que aplique la amnistía, incluida la Fiscalía, y como avala el TJUE. Ahora, ha abierto un nuevo trámite de audiencia concreto sobre la ley de amnistía y les da un plazo de cinco días. Es decir, que alarga unos días más su respuesta final. ERC ha interpretado que la negativa de hacer nuevas diligencias del Tribunal de Cuentas implica que les aplicará la amnistía, como hace meses se espera, y ha hecho un comunicado celebrándolo. La resolución, sin embargo, todavía no existe. El abogado del president Puigdemont y exconsellers de Junts, Gonzalo Boye, se lo ha recordado en las redes sociales.
Negativa a SCC
En la providencia, la consejera Hernáez afirma que no acepta las diligencias solicitadas por Sociedad Civil Catalana porque "excede con mucho del objeto del trámite de audiencia", que concedió el 20 de julio pasado, al conocer la sentencia del tribunal europeo. La audiencia se "limitaba a conceder a las partes la oportunidad de formular alegaciones, secundándolas en los documentos que tuvieran a su disposición o se pudieran procurar, sin prever la posibilidad de solicitar a este tribunal la práctica de otras pruebas ni, menos todavía, la de pedir una investigación con carácter previo a la formulación de alegaciones".
Añade que así lo han entendido el resto de las partes personadas que, en determinados casos, han acompañado sus alegaciones con los documentos que han considerado pertinentes, "incluyendo entre ellos sendas certificaciones expedidas por la Intervención General de la GENCAT", a instancia de la parte que las ha aportado.
Con todo, la consejera del TCu tampoco hizo caso a la resolución del tribunal europeo que confirmaba que no se habían afectado fondos de la Unión con el referéndum independentista catalán y que podía aplicar la amnistía a los afectados sin practicar nuevas diligencias. Además, el Tribunal de Cuentas ya celebró el juicio del gasto del 1-O y la consejera aplazó la sentencia, haciendo la consulta prejudicial al TJUE. Ahora vuelve a atrasar su respuesta con un nuevo trámite.
En concreto, la consejera Hernáez ha informado de que admite los escritos y los documentos que les acompañan y da traslado en la Generalitat y a todas las partes personadas, por un plazo común de cinco días, a fin de que "puedan alegar o, en su caso, ratificarse en las alegaciones ya efectuadas sobre la aplicación de la ley de amnistía a los hechos objeto del presente proceso contable, conforme al que se prevé en el artículo 13.3 de esta norma legal, y de acuerdo con la interpretación de este precepto que ha sido establecida en la Sentencia del Tribunal Constitucional 137/2025, de 26 de junio".