Uno de los dos únicos acuerdos relevantes que cerraron Pere Aragonès y Pedro Sánchez en la reunión que mantuvieron en el Palacio de La Moncloa ahora hace quince días fue resucitar la comisión bilateral Estado-Generalitat antes de que acabe este mes de julio. Fuentes del el ejecutivo catalán confirman que ya ha habido contacto entre gobiernos para preparar la reunión de este órgano, que sirve para despachar temas relacionados con las competencias autonómicas, y que no se convoca desde hace tres años. La última vez fue en agosto de 2018, cuando el Estatuto fija que se tiene que celebrar dos veces al año. Durante siete años, entre 2011 y 2018, no hubo ninguna. Ahora el ejecutivo catalán espera que la remodelación ministerial de Sánchez no afecte al calendario pactado. "Los compromisos están para cumplirlos", ha indicado hoy a la portavoz, Patrícia Plaja.

La consellera de la Presidencia, que es quien encabeza este foro por parte del Gobierno de Catalunya, había iniciado conversaciones para planificar el orden del día de la cumbre con el hasta ayer ministro de Política Territorial y Administraciones Públicas, Miquel Iceta. Es el responsable de esta cartera quien habla en nombre del Estado a la comisión. Ahora, este lugar lo ocupará Isabel Rodríguez. A la espera de cerrar día y hora y el guion definitivo de los temas que se abordarán —los equipos técnicos de uno y otro lado están trabajando—, la Generalitat ya ha elaborado su propio inventario. La mayoría de puntos son reivindicaciones históricas, incluso, compromisos adquiridos por el propio gobierno Sánchez y que nunca ha llegado a cumplir.

Traspaso del puerto y el aeropuerto

Lo adelantó Aragonès durante las jornadas del Cercle d'Economia celebradas a mediados de junio. Su Gobierno aspira a hacerse con la gestión del Port de Barcelona, el aeropuerto del Prat y el Consorcio de la Zona Franca. Eso quiere decir que presionará a Madrid para que haga efectivo el traspaso de estas infraestructuras estratégicas. "Son tres elementos clave que tienen que ser gestionados desde las instituciones del territorio, tienen que ser traspasados al Govern de la Generalitat", proclamó el presidente. Y este será el mensaje: cuanta más proximidad, mejor gestión.

Todavía en materia de traspasos, hay un monetón de traspasos pendientes que han ido apareciendo en varios documentos pactados con el PSOE, como es el de las becas y el ingreso mínimo vital. Son dos cuestiones que se mencionaban explícitamente en el acuerdo suscrito entre republicanos y socialistas para los presupuestos generales del Estado. A cambio del sí de ERC en las cuentas de 2021, la Moncloa prometía liquidar la deuda pendiente en becas —unos 18 millones aproximadamente— y ceder a la Generalitat la competencia y los recursos del ingreso mínimo vital.

Otra de las promesas que se arrastran de hace años —figura en la agenda del reencuentro que Pedro Sánchez planteó a Quim Torra y que pretende recuperar en la mesa de diálogo en septiembre— es el cumplimiento de la ley de la dependencia, básicamente con respecto a la financiación comprometida.

Capacidad de decisión en los fondos europeos

De aquel mismo pacto presupuestario, que data de noviembre de 2020, aparte del clásico "más inversión en infraestructuras" estaba el compromiso del Gobierno para que la Generalitat pueda administrar directamente los recursos que lleguen de Europa para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia, los famosos fondos Next Generation, que se han renombrado como el Plan Marshal del s. XXI.

Este dinero tiene que servir para financiar proyectos de reactivación y transformación de la economía. El Govern catalán calcula que le corresponden unos 30.000 millones de los 72.000 que recibirá España. La estimación parte del cálculo del PIB catalán y el peso demográfico de Catalunya. Para poder acogerse a los fondos, ha presentado 27 proyectos. El acuerdo con el PSOE se basaba en la cogobernanza, es decir, poder ser no sólo un espectador sino tener capacidad de incidencia. Está por ver que acabe siendo así. De momento, nada está hecho.

Retirar el recurso contra la ley de alquiler

Uno de los primeros conflictos entre el nuevo Govern de Aragonès y la Moncloa fue motivado por el recurso que el Gobierno PSOE-Podemos presentó contra la ley catalana de regulación del precio de los alquileres. El argumento esgrimido por los socialistas era la invasión competencial. Con todo, el entorno de Sánchez quiso vender como un gesto el hecho de no pedir la suspensión automática de la norma, que todavía está vigente a la espera del pronunciamiento final del Tribunal Constitucional. La Generalitat reclamará que se retire la impugnación.

De hecho, el punto 9 de la oferta de Sánchez en Catalunya preveía "la reducción de la conflictividad institucional", cosa que no ha pasado todavía.

 

En la imagen principal, la terminal 1 del aeropuerto del Prat. / Pau de la Calle

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