El president Quim Torra ha aplazado la toma de posesión de los consellers, después de pedir un dictamen a la Comisión Jurídica Asesora para formar Govern con el objetivo de encontrar la vía legal para que el Gobierno abandone la negativa a publicar el decreto con el nombramiento de los consellers.

Así lo ha hecho saber Torra en un comunicado de presidencia de la Generalitat, en la que persevera en su intento de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, publique en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el nombramiento de los consellers al considerarlo un "acto debido". En este sentido, anuncia que se estudiarán "medidas legales contra el Gobierno".

Hoy por hoy, el principal obstáculo para el gobierno de Rajoy para dar el paso —que según algunos juristas es de obligado cumplimiento— es la designación de los consellers en la cárcel o en el exilio, es decir, los casos de Jordi Turull, Josep Rull, Toni Comín y Lluís Puig.

"El derecho político de todas las personas designadas para formar parte del Govern está intacto y, por lo tanto, no hay ningún motivo que justifique que no puedan tomar posesión de su responsabilidad", ha expuesto el president en el comunicado. "El pueblo de Catalunya, en su totalidad, tiene derecho a tener un Govern", ha sentenciado Torra, que ha apuntado que el único que impide que haya un ejecutivo en Catalunya es el Gobierno.

 

El president Torra busca, de esta manera, la vía para permitir la publicación de los nombramientos, proceder a la toma de posesión y a la formación del nuevo ejecutivo, ahora detenida por el Gobierno, con el apoyo del PSOE y Cs.

¿Qué es la Comisión Jurídica Asesora?

La Comisión Jurídica Asesora es un organismo consultivo, de dictámenes no vinculantes, que se encarga de definir si la Generalitat y sus organismos actúan siguiendo el marco legal catalán, es decir, según lo establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

Un "acto debido"

El president Torra envió ayer una carta a Rajoy en la que le pedía que se detallaran los motivos por los cuales se impide publicar oficialmente los nombramientos, paso previo a la toma de posesión. El Gobierno todavía no ha respondido a la misiva, hecho que el president "lamenta".

Según establece la legislación, el Gobierno de Rajoy tiene diez días desde el nombramiento de Torra para publicarlo en el DOGC.

Varias asociaciones de juristas se expresaron en contra del posicionamiento del gobierno de Rajoy y consideraron en un manifiesto común que el presidente español tiene la obligación —como "acto debido"— de publicar el nombramiento.

El Tribunal Supremo impidió que los consellers Rull y Turull pudieran salir en libertad, asistir a la toma de posesión y ejercer sus cargos de consellers de Territori y Sostenibilitat y Presidència, respectivamente.