El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que su gobierno tomará hoy mismo la decisión legal para que, desde este sábado, rija en la Comunidad un toque de queda que finalizará los confinamientos perimetrales vigentes, aunque ha rechazado concretar la franja horaria en la que se aplicará.

Mañueco ha realizado este anuncio en la rueda de prensa posterior a su reunión en Valladolid con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, a quien ha agradecido el apoyo mostrado para tomar esta decisión de forma aislada, igual que han anunciado otras autonomías ante la falta de concreción en el ámbito nacional.

President Castilla y León i Salvador Illa EFE

Salvador Illa y el presidente de la Junta de Castilla y León / EFE

La decisión, en manos de las comunidades

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dejado en manos de la Comunidades Autónomas la aplicación de un toque de queda siempre que se circunscriba únicamente a sus territorios. Illa ha declarado que el estado de alarma es necesario si se pretende imponer un toque de queda en toda España o en zonas más amplias que una comunidad.

El ministro ha subrayado que el Gobierno intervendrá si hay que aplicar un toque de queda generalizado y hay consenso con las autonomías. En este supuesto, Illa ha defendido que el instrumento jurídico que da "solidez y solvencia" a este escenario es el estado de alarma.

"Trabajar juntos es muy importante", dijo Illa, que ha reconocido la competencia de las autonomías, que ya están adoptando "medidas contundentes". Illa ha prometido que el Ministerio de Sanidad estará al lado de las comunidades para lo que necesiten.

La situación en Catalunya

Por su parte, la consellera de Salut, Alba Vergés, no ha descartado el toque de queda en Catalunya y ha precisado que si lo aplicaran lo harían sin el estado de alarma. En declaraciones a TV3, ha dicho que si consideran necesaria la medida podrían seguir la vía del País Valencià, que prepara un decreto para aplicarlo por su cuenta. 

Ha añadido que Catalunya se dotó de un decreto ley que permite "tomar las medidas necesarias", también en lo referente a la limitación de la movilidad,  lo que sí que hace falta es una autorización judicial.