El Consejo de Europa ha dado un toque de atención a España porque ve problemas "de eficiencia" en la resolución de casos en el Tribunal Supremo. Eso es lo que apunta un informe, con datos de 2020, de la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ), por sus siglas en inglés), formada por expertos de todos los países que forman parte del Consejo de Europa. Según el estudio, hay más casos que llegan a la alta instancia judicial española de los que se resuelven, y los procedimientos tardan más en ser concluidos que en la media de los países que forman parte del organismo. La diferencia es especialmente importante en los casos civiles: el Tribunal Supremo tarda 888 días en resolverlos, mientras la media del Consejo de Europa se sitúa en 172 días, según informa la ACN.

Con respecto a la financiación del sistema judicial, el Estado destina un 0,37% del PIB, siete décimas por encima de la media de los países que forman parte del Consejo de Europa. Eso se traduce en un gasto de 87,9 euros por habitante, más de 20 euros por encima de la media.

El informe apunta que el número de jueces en España por cada 100.000 habitantes se sitúa en 11,24, por debajo de la media de los países del Consejo de Europa, que se encuentra en 17,6. En el caso de los fiscales también está por debajo de la media: 5,37 en España ante 11,1 en el conjunto del Consejo de Europa. El Estado sí se encuentra por encima en abogados: 303 ante 134. A pesar de tener menos jueces y fiscales, en España cobran más que en la media de los países que forman parte del organismo.

Una de las cuestiones en que el Estado saca mejor nota es en la digitalización de la justicia, un ámbito en que se sitúa en todos los puntos por encima de la media del Consejo de Europa. El organismo también destaca la especialización del sistema judicial del Estado en violencia de género.

El informe del Consejo de Europa ha trascendido justo cuando el poder judicial español está inmerso en una grave crisis por la no renovación de los cargos, a causa de la falta de acuerdo entre el PSOE y el PP. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano regulador de los jueces españoles, está pendiente de renovación por este motivo. Al mismo tiempo el Tribunal Supremo tiene hoy día casi el 25% de su plantilla sin cubrir, y también está pendiente de renovación el Tribunal Constitucional, si bien este no es un órgano estrictamente judicial. El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ha amenazado con dimitir, si bien por ahora no lo ha materializado.