Europa rechaza investigar las torturas del régimen franquista.  Después de las sistemáticas negativas de la justicia española, habían llegado a la máxima instancia judicial europea, pero este también les ha cerrado la puerta.

Pues bien, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha inadmitido a trámite el recurso de once fundadores de Comisiones Obreras en Valencia, alegando que los hechos denunciados son anteriores a la fecha de entrada en vigor de la convención de derechos humanos y de sus protocolos en el Estado español.

El juez estonio, Peeter Roosma, señala que las alegaciones de los denunciantes son "incompatibles por razones de tiempo con las disposiciones de la Convención", firmada por España el 24 de septiembre noviembre de 1977 y ratificada dos años después. Así pues, el TEDH "declara inadmisible la solicitud". Este es el mismo argumento que utiliza el alto tribunal europeo para denegar la denuncia de Gerardo Iglesias, exdirigente del Partido Comunista de España (PCE) y fundador de Izquierda Unida. En este contexto, la única vía que queda a las víctimas es plantear la denuncia ante el Relator Especial sobre la Tortura de las Naciones Unidas.

Iglesias se querelló por torturas contra Pascual Honrado de la Fuente, agente de la Brigada Político Social, condecorado con dos medallas y mano derecha del comisario Claudio Ramos en Asturias. Iglesias acusa al policía franquista de cometer delitos de lesa humanidad en las operaciones del Estado contra los opositores al régimen. El Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo, sin embargo, inadmitió la querella porque considera que los hechos denunciados no constituían delito de lesa humanidad. Además, considera que los hechos estarían habrían prescrito al haber transcurrido más de diez años desde su comisión. Este es un fallo judicial que ha sido ratificado por la Audiencia Provincial.

A su vez, CCOO recurrió al TEDH a raíz de las torturas a once antifranquistas después de la reunión fundacional del sindicato en Valencia el 11 de diciembre de 1966 en la sede de la entidad Lo Rata Penal de la plaza de Manises. En este caso, por primera vez, el sindicato, como persona jurídica, se adhirió a las denuncias. Entre los querellantes, se encuentran descendientes de aquellos militantes de Comisiones Obreras del País Valencià (CCOO-PV) detenidos y torturados: Mercedes y Carlos Boïls, Cèsar Llorca, Enric Gardó, Daniel Girva, Aurora de l'Alcàsser, Concha Fondo, César Mañas, Ángel García, Francisco Serrano, Vladímir Bataller y Julián López.

Los miembros del sindicato, apunta el recurso elaborado por el abogado Virgilio Latorre, "sufrieron una persecución y represión sistemática a base de sanciones, despidos, detenciones masivas, torturas, estados de excepción y sentencias de tribunales militares y del Tribunal de Orden Público a la práctica totalidad de las zonas industriales en que se habían desarrollado las Comisiones Obreras".

Imagen principal: Un monolito en memoria de las personas represaliadas por el franquismo, en el Cementerio General de Valencia.