El Tribunal Constitucional (TC) no ejecutará de manera inmediata el incidente por desobediencia a sus sentencias abierto contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que podría llevar a sanciones cautelares o penales contra ella, a pesar de habérselo solicitado el gobierno español. De hecho, el TC no tiene previsto ejecutar de manera inmediata tampoco el otro incidente por desobediencia a sus sentencias por parte de instituciones catalanas que tiene en curso, en lo referente a la acción exterior catalana.

No lo hará porque primero tiene que resolver el recurso sobre la ley que prevé los mencionados incidentes. Así lo han señalado a Efe tres fuentes diferentes del tribunal. Las razones son dos: una, que los incidentes de ejecución figuran en una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que está recurrida ante el alto tribunal; así, en caso de ejecutarlos, el TC validaría por la vía de los hechos esta reforma, y no tiene nada claro que sea constitucional.

El segundo motivo es de prudencia. Los magistrados no quieren exasperar más, en estos momentos especialmente sensibles en el ámbito político, la atmósfera catalana.

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El gobierno español ha promovido hasta ahora dos incidentes de ejecución por incumplimiento de sentencias del TC: uno relacionado con la resolución del Parlament, vinculada al 9-N, de inicio del proceso político cabe a la independencia; y otro por incumplimiento de la suspensión cautelar acordada por el TC de la Ley de acción exterior de Catalunya.

El Constitucional abrió su periodo de vacaciones el pasado 1 de agosto, después de suspender una resolución del Parlament de Catalunya que marcaba nuevos pasos hacia la independencia y dar 20 días de plazo a la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, para explicar por qué no obedecía el propio TC. La advirtió a ella y al president de la Generalitat, entre otros, que con esta resolución podían estar cometiendo un delito de desobediencia de la sentencia de diciembre del 2015 que ya cerró aquella vía.

Tampoco contra Exteriores

Pero por ahora, según las citadas fuentes, no dará más pasos ejecutivos en esta dirección, ni tampoco relativos a la acción exterior de Catalunya. Este otro incidente se refiere a que cuando el alto tribunal admitió a trámite el recurso del gobierno central contra la Ley de acción exterior de Catalunya acordó la suspensión cautelar automática de la misma. El Govern respondió de que mantendría su acción exterior a pesar de la suspensión provisional.

Las citadas fuentes informaron en Efe, ya el mes de julio pasado, de que existen dudas dentro del propio TC alrededor a la reforma legislativa que diseñó los incidentes de ejecución para forzar la obediencia al TC, promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy y que fue aprobada a final del 2015. La puesta en marcha de los incidentes de ejecución supondría dar un aval por la vía de los hechos a la reforma del propio TC, que a su vez está también recurrida ante el alto tribunal (entre otros, por la propia Generalitat catalana).

A este criterio se suma ahora el de la oportunidad, o más precisamente, la inoportunidad política de crispar la situación en Catalunya. La situación conducirá, al menos en los próximos meses, a la máxima prudencia por parte del TC, cosa que hace muy probable que los magistrados no lleven al extremo ejecutivo el desarrollo de los incidentes y esperen un tiempo antes de resolver sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.