El Tribunal Constitucional (TC) se pone las pilas y va saltando obstáculos para poner el cuerno definitivamente en el recurso del Partido Popular (PP) contra la ley del aborto aprobada hace 13 años por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Empezó rechazando que la magistrada conservadora Concepción Espejel se abstuviera de participar en la deliberación y ahora ha dicho 'no' a apartar a cuatro magistrados que participaron hace casi 13 años en la tramitación de la norma. De esta manera, el pleno evita quedarse sin el cuórum necesario para resolver el recurso y el texto prosigue su curso.
Tal y como estaba previsto, el pleno del tribunal de garantías ha rechazado las recusaciones contra el presidente Cándido Conde-Pumpido y los magistrados Juan Carlos Campo, Inmaculada Montalbán y Concepción Espejel porque considera que los cinco exdiputados que los recusaron están legitimados para hacerlo. El órgano de garantías constitucionales argumenta que los exparlamentarios, entre ellos el exministro Frederico Trillo, no tienen ligitimación a título particular para pedir que se aparten los magistrados. En este sentido, recuerdan que solo lo pueden solicitar el conjunto de los 71 diputados que firmaron el texto.
Los populares señalaban a Conde-Pumpido porque era el fiscal general del Estado cuando el Consejo Fiscal que presidía informó el anteproyecto de ley, a Montalbán y a Espejel les recordaban que eran vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que informó del borrador y a Campo le reprochaban que era el secretario de Estado de Justicia del 2009 en el 2011, los años en que se tramitó la ley.
Habrá el mínimo de magistrados
Con esta decisión, el pleno podrá abordar el recurso del PP habiendo salvado la amenaza de quedarse sin cuórum porque el mínimo para resolverlo son ocho magistrados teniendo en cuenta que hay once. Este martes el órgano constitucional ha impedido que la conservadora Espejel se abstuviera. Ella misma lo había pedido porque era miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que emitió un informe sobre la ley aprobada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El TC considera que puede tomar parte del debate porque ya "hace más de 12 años" que el CGPJ redactó aquel texto jurídico que, según detalla, no supusieron la aprobación de ningún dictamen y que su contenido no se envió al Gobierno.
Vía libre a la discusión
El siguiente paso será abordar el debate de la ponencia del conservador Enrique Arnaldo, que avala la ley del 2010 aunque ve inconstitucional un punto, que es el artículo que regula la información que reciben previamente las mujeres. La nueva mayoría progresista establecida – de siete contra cuatro – prevé avalar íntegramente la norma del 2010 sin aceptar limitaciones o condiciones al derecho al aborto. Si pasa eso, Arnaldo o bien puede asumir la tesis de la mayoría o bien puede renunciar a la ponencia para que otro magistrado la redacte teniendo en cuenta la opinión mayoritaria y se apruebe a la siguiente reunión.