El Supremo suspende también el voto a los nacionalizados por la ley de nietos que vivan en el Estado español

Portazo del Tribunal Supremo a los nacionalizados por la ley de nietos. El máximo órgano del poder judicial español ha exigido este viernes a la Junta Electoral Central (JEC) que garantice que los 163.355 nacionalizados por la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática no puedan votar en las elecciones generales del 29N si no acreditan que son descendientes de exiliados, aunque residan en el Estado español y figuren inscritos en el Censo de Electores Residentes, cosa que no había hecho hasta ahora. De esta manera, solo podrán votar 901 de los nacionalizados que sí que han conseguido que el consulado emita un certificado que demuestra que sus antepasados sufrieron persecución política.

Los magistrados toman esta decisión ante la "difícil comprensión, como acertadamente señala el Ministerio Fiscal", según señalan, de los informes de la Abogacía del Estado y la Oficina del Censo Electoral relativos al cumplimiento de las medidas cautelares acordadas. Todo ello, a la vista de las alegaciones presentadas por Iustitia Europa y Vox después de un informe del Instituto Nacional de Estadística. Este informe reducía de 163.355 a 113.326 la cifra de los afectados por la suspensión al darse cuenta de que en la lista presentada por el gobierno español se computaban menores, había personas duplicadas o los que, incluso, estaban ya inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) con anterioridad a la aprobación de esta ley. Así, el Supremo recuerda a la Junta y a la Oficina del Censo Electoral Central que "deberán atenerse a lo acordado" en las actuaciones en que acordó y ratificó la suspensión cautelar del derecho al voto a los nacionalizados por la ley que no acreditaron estas razones de exilio.

En concreto, ordena garantizar a ambos organismos que "ninguna de las 163.355 personas incluidas pueda figurar como electores en el Censo Electoral, sea en el de electores residentes-ausentes que viven en el extranjero, sea en el de electores residentes en España, a excepción de las 901 personas que presentaron certificación consular, o cualesquiera otras que, con anterioridad al día de la votación, aporten dicha certificación consular". Además, en otra providencia, el tribunal ha dado hasta el lunes a las 15:00 horas para presentar alegaciones sobre la documentación remitida a la Sala por el Ministerio del Interior en relación con la aplicación MiDNI para identificarse y votar con el DNI electrónico. Los magistrados también informan de que el PP ha solicitado personarse en este proceso, y por ello le exigen que precise en qué concepto pretende personarse en las actuaciones, ya que "únicamente podrán actuar como codemandados en el procedimiento".