El Tribunal Supremo ha rechazado suspender el derecho a voto para las próximas elecciones generales del 29N a los hijos e hijas de quienes previamente obtuvieron la nacionalidad española mediante la conocida como ley de nietos, que son alrededor de 190.000 personas, según recoge una resolución del alto tribunal español, comunicada este lunes. A diferencia de sus padres, nacionalizados por una disposición de la Ley de Memoria Democrática de 2022 y a quienes el Supremo suspendió cautelarmente el derecho a voto a menos que acreditasen que son descendientes de exiliados, sus hijos sí que podrán votar el 29 de noviembre, al descartar el tribunal la petición cautelar de Iustitia Europa y Vox. El Gobierno entregó al Tribunal Supremo la lista de las 163.355 personas nacionalizadas a través de la ley de nietos, tal como le requirió el tribunal a petición de Vox.
En concreto, la sección cuarta de la sala contencioso-administrativa ha denegado las medidas cautelares solicitadas por los partidos ultras con relación al voto de hijos de personas nacionalizadas por la denominada ley de nietos. La decisión tiene el voto particular discrepante de uno de los seis magistrados que la han adoptado, y el voto particular concurrente de una magistrada, que coincide con la denegación acordada, pero discrepa de alguna de las argumentaciones. La Fiscalía y la Abogacía del Estado pidieron que se denegara esta "ampliación" a los descendientes de los nacionalizados.
Falta de seguridad jurídica
Por otro lado, el Supremo ha rechazado las alegaciones planteadas por diversas asociaciones y particulares, que se han personado en los procedimientos en calidad de codemandados, contra las medidas cautelares adoptadas por el tribunal en las actuaciones del 10 de septiembre y 12 de octubre con relación a la inscripción en el Censo de Residentes Ausentes en el Extranjero (CERA) de nacionalizados por la ley de nietos, que se mantienen en su integridad. Esta segunda decisión tiene el voto particular de una magistrada, que apuesta por no privarles del derecho a voto.
En el auto, el tribunal afirma: "Las decisiones cautelares hasta ahora adoptadas por esta Sala han partido y están presididas por la necesidad de garantizar la seguridad jurídica, concretada en la pureza o certeza del censo electoral que debería aplicarse a los procesos electorales y, por tanto, de los procesos electorales mismos, que son el marco central y fundamental donde se desarrolla el derecho fundamental de participación política de los ciudadanos".
Añade, que, por el contrario, la nueva pretensión de Vox y Iustitia Europa "se podía haber planteado antes", y se plantea en un momento muy diferente, "transcurrido más de la mitad del periodo electoral, a una semana del comienzo de la campaña electoral y, tratándose del voto de los electores inscritos en el CERA, a dos semanas del inicio del depósito del voto en urna en los consulados". Y concluye: "Iniciar ahora un proceso de revisión del CERA, además de los interrogantes que suscita la posibilidad material de ejecución efectiva en el breve lapso temporal existente hasta la fecha de votación y de su escrutinio, entendemos que resulta contrario a las exigencias derivadas de los principios de seguridad jurídica y de estabilidad electoral, como así han planteado el Ministerio Fiscal y la Letrada de las Cortes Generales y de la Junta Electoral Central".