El Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite las querellas contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, formuladas por Vox y por el sindicato Solidaridad, vinculado al partido de extrema derecha, por la actuación policial desplegada a raíz de las concentraciones ultra de noviembre de 2023 en las proximidades de la sede del PSOE a la calle Ferraz. Vox acusaba a Grande-Marlaska de un delito de prevaricación y de delitos cometidos por los funcionarios públicos contra otros derechos individuales y el sindicato ampliaba la lista al delito de tortura, contra la integridad moral y de lesiones leves. Las querellas se dirigían también contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre y, en el caso del sindicato, contra agentes de policía. En estos dos casos, el Supremo se ha declarado no competente para decidir sobre las mismas porque los querellados no son aforados.

La Sala de lo Penal del Supremo argumenta que los querellantes “no aportan ningún indicio o principio de prueba” que dé apoyo a la denuncia de que la actuación policial obedeciera a una “orden con motivación política” hecha por el ministro del interior. Asimismo, el tribunal sostiene que no se puede imputar responsabilidad penal a Fernando Grande-Marlaska por ser el máximo responsable del Ministerio del Interior, del cual depende el Cuerpo Nacional de Policía, “sin ningún dato o ninguna circunstancia que permita afirmar que conoció los detalles de la concentración que se estaba produciendo y/o dio instrucciones sobre la manera como tenían que actuar los agentes policiales”.

El Supremo ha acordado la inadmisión de las querellas sin valorar si la actuación policial “fue o no abusiva o desproporcionada” ni realizar consideraciones sobre “si en la querella y en los vídeos se puede, realmente, apreciar o no este carácter injustificado o ilegítimo con el que se tilda la intervención policial”. La decisión de la Sala va en el mismo sentido que había pedido la Fiscalía.

Vox denunció la intervención policial del 6 de noviembre

En su querella, Vox denunciaba la intervención policial del lunes 6 de noviembre, un día en el que agentes antidisturbios tiraron gases lacrimógenos, pelotas de goma y botes de humo en una protesta que se saldó con tres detenidos por desobediencia y atentado contra la autoridad. En el escrito, el partido de extrema derecha argumentaba que la policía “empezó a disolver los congregados con violencia y agresividad” y “golpeando con las porras a las personas de manera indiscriminada” cuando la concentración “discurría con toda normalidad”. La formación ultra alegaba que esta actuación no había tenido “ninguna justificación legal” y sostenía que “el exceso de violencia y la persecución utilizada por la policía” obedecía a “instrucciones con motivaciones políticas para asustar y disuadir a los ciudadanos de ir a protestar delante de la sede del PSOE”.