JUPOL, el sindicato mayoritario en la policía española, ha reclamado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que defienda a los 45 agentes procesados por el Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona por "hacer su trabajo" para impedir el referéndum independentista del 1-O. "Exigimos al ministro del Interior que de una vez por todas salga en defensa de sus policías nacionales y que deje de ponerse del lado de los sediciosos y los delincuentes", han defendido desde JUPOL tras conocer el procesamiento de 45 agentes. En un mensaje en su cuenta de Twitter, el secretario general del sindicato, hace un llamamiento a los 45 procesados y les ofrece un número de teléfono al que pueden llamar si necesitan ayuda con su defensa. El sindicato los califica de "héroes".

 

Apelan al orden constitucional

Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha acusado el Gobierno de "modificar el Código Penal para "beneficiar a los culpables de un referéndum ilegal con violencia en Catalunya el 1 de octubre". En su cuenta de Twitter aseguran que el 1-O de 2017 los policías "defendieron el orden constitucional ante los radicales". La Confederación Española de Policías (CEP), según recoge The Objective, ha lamentado que estaban personados como "acusaciones" en esta causa judicial "la Generalitat de Catalunya y al Ayuntamiento de Barcelona". "No nos extraña porque en CEP llevamos años denunciando los planes independentistas, que pasan por eliminar la presencia de Policía Nacional en esa comunidad autónoma".

Delitos de lesiones y, incluso, torturas

El juzgado de instrucción número 7 de Barcelona ha concluido la investigación de las actuaciones de la policía española el 1 de octubre de 2017 en la capital catalana contra el referéndum de independencia. Más de cinco años después de los hechos, ha dejado listo para ser juzgados 45 policías nacionales, y archiva las diligencias para otros 20, por las duras cargas en varios centros educativos de la ciudad, que dejaron decenas de heridos.

Según el magistrado instructor, los hechos podrían constituir delitos de lesiones, contra la integridad moral e incluso torturas. La policía española actuó ese día en 27 escuelas o institutos de Barcelona, ​​y en todos hubo denuncias, pero no todas han prosperado. En un largo auto de 69 páginas, el juez desgrana uno a uno a todos los centros donde hubo incidentes. En dos de esos centros no hubo incidentes. En otros centros hubo incidentes, pero el juez no ve demostrado, por falta de pruebas, sobre todo audiovisuales, que la policía actuara de forma desproporcionada, según los protocolos, o no se ha podido identificar al autor de los hechos denunciados. El juez recuerda que los concentrados no debían conocer la orden judicial de desalojo. Por eso, en algunos de los centros, el juez dice que la actuación policial fue totalmente "desmedida" en general y no se siguieron los protocolos.

Así, por ejemplo, explica que en algunos casos no se hizo ninguna negociación ni advertencia a los votantes concentrados, se hizo uso de la fuerza de forma "claramente innecesaria" frente a la multitud "sin ninguna actitud agresiva" y con gente mayor por el medio. También describe golpes de porra, de pie y de puño en la cabeza y la cara de votantes ya desalojados con "finalidad únicamente lesiva" o empujones innecesarios. Los centros más afectados son la escuela Mediterrània, de la Barceloneta, el instituto Pau Claris, con la actuación en la escalera, y la escuela Ramon Llull, con decenas de lesionados.