La comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre los atentados de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017 continúa paralizada. El primer paso para que pueda arrancar es que el PSOE, Sumar, ERC y Junts pacten el plan de trabajo, que incluye los objetivos y los planteamientos de la comisión. El primer intento (frustrado) se produjo la semana pasada, pero los diferentes actores fueron incapaces de ponerse de acuerdo. La Comisión se dio un plazo de siete días más, hasta este martes, para intentar llevar las negociaciones a buen puerto, pero las conversaciones tampoco han fructificado. Estaba convocada para este mediodía, pero se ha desconvocado a primera hora a causa de la falta de acuerdo.

Fuentes de la Mesa de la Comisión consultadas por ElNacional.cat explican que hay dos escollos principales. El primero es el desacuerdo entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior sobre los contenidos que se tienen que tratar. El segundo alcanza la información clasificada y a las dos vías que hay para responder a la reclamación de Junts y ERC de pedir explicaciones en el Centro Nacional de Inteligencia: desclasificar la información relativa al 17-A para poder discutirla en la comisión de investigación, cosa que a estas alturas está descartada, o mantenerla clasificada y remitir la cuestión a la Comisión de Secretos Oficiales. Y en este punto no hay un punto de consenso entre todas las posiciones. De momento, las dos formaciones independentistas mantienen silencio sobre los elementos de discrepancia que todavía impiden poner en marcha la comisión.

La voluntad de la Mesa, según ha podido saber este medio, es explorar la posibilidad de convocar nuevamente la comisión de investigación para este jueves, 21 de marzo, alegando que el acuerdo “está cerca”. El horizonte que se fijó la comisión es que el 9 de abril se pueda empezar a trabajar. Las mismas fuentes apuntaban la semana pasada que la previsión es que, una vez aprobado el plan de trabajo, se fije un nuevo plazo de siete días para presentar las propuestas de comparecencias. La comisión de investigación del 17-A, registrada por Junts y el PNV en noviembre e incluida en el acuerdo entre los juntaires y el PSOE para votar a favor de Francina Armengol como presidenta del Congreso, tiene la voluntad “de aclarar cuáles fueron las presuntas responsabilidades políticas o de cualquier otra índole y propusieron medidas de restitución o compensación para todas las personas afectadas, así como para los familiares de las personas que murieron”.

Junts y ERC quieren conocer la relación del imam de Ripoll con el CNI

En los planes de trabajo presentados la semana pasada por Junts y por ERC, los dos partidos independentistas apuestan por analizar en profundidad la relación del imam de Ripoll y cerebro de la célula responsable de los atentados, Abdelbaky Es Satty, con el Centro Nacional de Inteligencia y, al mismo tiempo, estudiar las posibles responsabilidades del Ministerio del Interior y del Estado. Concretamente, los republicanos quieren poner la lupa en “su remuneración, si hubo, la duración y el objetivo final de esta relación”, así como estudiar “la correlación de errores en la cadena de comunicación y coordinación entre las fuerzas policiales en relación con la figura del imam de Ripoll” y “las actuaciones del Ministerio del Interior y las medidas de control que se aplicaban a Se Satty, sabiendo que formaba parte o tenía relación con movimientos del yihadismo”.

Por su parte, los juntaires exhortan al Estado a responder por “su posible actuación negligente” y piden “desclasificar los documentos de los servicios de inteligencia españoles y reabrir la investigación judicial” argumentando que “hay muchos puntos oscuros que habría que aclarar” después de una instrucción que fue “deficiente”.

Las dos formaciones también coinciden en la voluntad de analizar todo aquello que rodea la muerte del imam: ERC pregunta por “las diversas incongruencias detectadas sobre la identificación de sus restos” y Junts recuerda que tanto el juez de instrucción como el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) “dieron por muerto al imam incluso antes de tener las pruebas de ADN”. Unas pruebas que los juntaires sostienen que “no cumplen los estándares europeos”.