Societat Civil Catalana (SCC) ha pedido al Tribunal de Cuentas que compruebe el origen de cerca de cinco millones de euros vinculados a los gastos del referéndum del 1-O y de la acción exterior de la Generalitat antes de pronunciarse sobre la aplicación de la ley de amnistía.
La entidad, que ejerce la acusación en el procedimiento, ha presentado un escrito en el que reclama aclarar la procedencia de una cantidad que sitúa en aproximadamente 4.974.000 euros. SCC sostiene que, después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), es necesario aclarar "los extremos sobre la financiación" antes de resolver sobre la amnistía. Si fuera necesario, también plantea que se requiera información adicional a las administraciones y organismos implicados.
El foco, en el origen del dinero
La petición llega después de que el Tribunal de Cuentas abriera un plazo de alegaciones para que las partes se pronunciaran sobre el origen del dinero investigado y, en concreto, sobre la posibilidad de que alguno de los gastos vinculados al 1-O y a la acción exterior se hubiera sufragado con fondos procedentes del presupuesto de la Unión Europea.
Esta cuestión ha ganado peso en el procedimiento después de la sentencia dictada por el TJUE el 16 de julio. El tribunal europeo concluyó que la amnistía en este caso es compatible con el derecho de la Unión y que su aplicación a los ex altos cargos investigados no pone en riesgo los intereses financieros comunitarios.
El caso afecta a una treintena de antiguos responsables de la Generalitat. Entre las personas incluidas en el procedimiento se encuentran Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras y varios exconsellers, investigados por su posible responsabilidad contable en los gastos relacionados con el referéndum del 1-O y la acción exterior del Govern.
El Tribunal de Cuentas todavía no ha aplicado la amnistía
A pesar de la resolución del TJUE, el Tribunal de Cuentas no aplicó inmediatamente la amnistía y optó por dar audiencia a las partes sobre la posible procedencia europea de los recursos investigados. SCC se agarra ahora a esta cuestión y reclama que el origen del dinero quede determinado antes de que el órgano adopte una decisión definitiva. La sentencia del tribunal europeo también se pronunció sobre el plazo de dos meses que establece la ley para aplicar la amnistía. El TJUE consideró este plazo compatible con la finalidad de la norma en los casos que entran dentro de su ámbito de aplicación.
La decisión del Tribunal de Cuentas sobre cómo continuar el procedimiento queda, por lo tanto, pendiente de las alegaciones de las partes. El órgano deberá determinar si considera necesario profundizar en el origen de los casi cinco millones de euros reclamados por SCC o si resuelve sobre la aplicación de la amnistía a los afectados. La situación ya ha provocado una reacción de Puigdemont, que ha denunciado a España ante la Comisión Europea por considerar que se está incumpliendo la sentencia del TJUE. El pronunciamiento que adopte ahora el Tribunal de Cuentas marcará el siguiente paso de un procedimiento que continúa abierto después de la resolución de Luxemburgo.