La reunión del Consejo de Ministros de este martes será, tal como se preveía, agónica. Porque, tal como confirman a este periódico fuentes de la Moncloa, la reunión ha empezado una hora tarde; a las diez y media de la mañana. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido aplazar el arranque del encuentro para que el PSOE y Sumar agotaran al máximo el tiempo de negociación para tener un decreto de vivienda consensuado. La ministra de Sanidad, la sumarita Mónica García, ha advertido este martes que el socio minoritario del Gobierno no avalará un texto de mínimos. Ahora bien, ha descartado, por ahora, abandonar el ejecutivo de coalición.
En entrevistas en la cadena SER y TVE, García ha puesto el foco en medidas como la renovación automática de los contratos de alquiler, que no estaba prevista en el primer borrador que los socialistas remitieron a los grupos parlamentarios y que también se filtró a la prensa. La ministra de Sanidad no ha descartado que finalmente acepten dividir las medidas en varios decretos para facilitar el acuerdo sobre vivienda, teniendo en cuenta aquellas medidas que, de entrada, sí que pueden contar con el apoyo parlamentario de partidos como Junts.
Los equilibrios entre unos y otros son muy difíciles, cosa que se puso de manifiesto este lunes por la noche. A primera hora de la tarde, el Gobierno envió a los grupos un borrador; y horas más tarde Junts per Catalunya advirtió que el ejecutivo de Sánchez se había alejado del acuerdo previo entre ambas partes al haber aceptado exigencias de los partidos situados a la izquierda del PSOE. Los juntaires se quejan de que el PSOE "da por buenas las ocupaciones" porque deja sin protección a los pequeños propietarios al colocarlos al mismo nivel que los fondos buitre. A pesar del toque de atención a Sánchez, aseguran que están dispuestos a continuar "hablando y trabajando hasta el final".
Junts propuso al Gobierno detener los desahucios cuando la propiedad sea de un fondo buitre. En el caso de un pequeño propietario, los independentistas piden que sea la administración quien se ocupe de compensar las pérdidas económicas. Insisten en que estos gastos no pueden recaer en un particular cuando se pagan impuestos. Por otro lado, Junts también propone que los fondos no puedan comprar vivienda de manera temporal. Señalan que esto beneficia que pueda ser la administración quien los compre, y prevén que esto se traduciría en un equilibrio de los precios.
Ahora bien, el borrador que se filtró este lunes ya prevé la suspensión del desahucio y la compensación por parte de la administración para los pequeños propietarios en general. El texto excluye este mecanismo para los titulares de dos viviendas o menos: el desahucio seguiría adelante. En cambio, los propietarios de tres viviendas o más que no lleguen a la consideración de gran tenedor sí que verían cómo el desahucio se suspende con su correspondiente compensación.