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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado a la Comunidad de Madrid de atentar contra la libertad ideológica del profesorado con unas instrucciones que imponen el deber de neutralidad a los docentes durante la huelga educativa. El líder socialista ha comparado este domingo las medidas del ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso con la censura de la dictadura franquista y ha anunciado que el Gobierno enviará un requerimiento formal para que sean revocadas. Sánchez considera que las directrices vulneran "uno de los derechos más importantes del profesorado".

La denuncia se ha hecho pública a través de un mensaje en X, en el que Sánchez ha compartido dos imágenes: un formulario utilizado durante el franquismo para denunciar a maestros por motivos ideológicos y un documento actual de la Comunidad de Madrid. El presidente español ha asegurado que el gobierno madrileño pretende hacer "lo mismo en pleno siglo XXI" y ha rechazado que la comparación sea exagerada. "No es un fake. No es una exageración. Es la represión volviendo a nuestras vidas", ha afirmado.

¿Qué prohíben las instrucciones del gobierno madrileño?

Las dos instrucciones, dirigidas a los centros educativos públicos no universitarios, están firmadas por el viceconsejero de Política y Organización Educativa, José Carlos Fernández Borreguero. Los documentos establecen que "el centro docente público es de todos y debe ser neutral" y defienden que "su función es educar, no adoctrinar". Las medidas afectan la actividad de los centros durante la huelga educativa iniciada el 14 de octubre y limitan el uso de las aulas, las plataformas oficiales de comunicación y las fachadas de los centros para promover las movilizaciones.

Entre las restricciones, la Consejería de Educación prohíbe a los profesores transmitir opiniones políticas, ideológicas, partidistas o sindicales a los alumnos con la finalidad de que las compartan. Tampoco permite utilizar clases, tutorías, exámenes o actividades complementarias para conseguir el apoyo de los estudiantes en un conflicto. Las directrices también impiden animar al alumnado a participar en huelgas, manifestaciones o recogidas de firmas, así como hacer comentarios o señalar delante de los alumnos o las familias a los compañeros que decidan secundar los paros o continuar trabajando.

Las familias rechazan las medidas y los sindicatos anuncian acciones judiciales

La polémica también ha generado una respuesta entre las familias de los centros educativos madrileños. Un total de 165 asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA) se han adherido en solo 24 horas a un manifiesto contra las instrucciones de la Consejería de Educación. El documento expresa "profunda preocupación y rechazo" ante la posibilidad de que, bajo el argumento de la neutralidad, se pretenda limitar la libertad de expresión o silenciar las reivindicaciones legítimas del profesorado.

Por su parte, los sindicatos docentes han anunciado que impugnarán las instrucciones ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Las organizaciones sindicales también han avanzado que solicitarán medidas cautelarísimas para conseguir su suspensión inmediata, mientras el gobierno español prepara el requerimiento para que el ejecutivo madrileño retire las directrices.