Benet Salellas, el abogado de la exiliada Anna Gabriel (CUP), ha intervenido después de una pausa ordenada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que escucha los argumentos sobre las prejudiciales del juez del Supremo Pablo Llarena desde las nueve y cuarto de la mañana de hoy. "El derecho de la Unión fija que no se puede estar al margen de los derechos fundamentales", ha declarado Salellas, que ha asegurado que "si el TJUE da la razón al ministerio fiscal, a la abogacía del Estado, y a Vox, un partido de ultraderecha es parcelar el ordenamiento jurídico, debilitar los derechos fundamentales y que estos no se tengan en cuenta".
El abogado también ha expuesto a la gran sala del TJUE que "los tribunales españoles no permiten ningún recurso efectivo a los exiliados catalanes". Salellas ha detallado la situación de Anna Gabriel, que "es investigada como portavoz de un grupo anticapitalista y que su situación de diputada fue truncada", con la aplicación del 155 por parte del Gobierno, el octubre de 2017. Ha detallado que pidió en enero del 2018 al juez instructor del Supremo, que derivara su causa en un juzgado ordinario porque ella ya no es aforada. En octubre de 2020, Pablo Llarena denegó derivar a los juzgados ordinarios de Barcelona la causa de la exdiputada exiliada en Suiza. La abogacía del Estado y la fiscalía apostaron por esta negativa. El magistrado recogía el posicionamiento de la abogacía del Estado que la acusación contra Gabriel "se tenía que concretar", creando su indefensión, según su defensa, ya que abre la puerta a poderla acusar por otros delitos a parte del de desobediencia por el que fue procesada.
Además de las dos sentencias que tenían que analizar las partes aportadas por el TJUE, Salellas ha aportado una tercera de 2014, que versa de la directiva europea sobre las investigaciones, en la cual se regula las órdenes de detención y entrega, y se indica que el estado tiene que denegar la entrega de una persona si considera que se vulneran derechos fundamentales y "si no puede ser cómplice", ha afirmado al abogado, concluyendo que "el legislador europeo ya ha regulado las Órdenes de Detención y Entrega", y actualiza la Directiva Marco de 2002, sobre las detenciones europeas.
Euroórdenes
Gabriel y la exconsellera Meritxell Serret son, al lado de la secretaria general de ERC Marta Rovira, las tres dirigentes independentistas procesadas y "fugitivas de la justicia" a las cuales el juez Llarena no cursó la euroorden de detención. La exdiputada de la CUP solamente fue procesada, en marzo del 2018, por desobediencia, delito que no implica pena de prisión y no permite la detención exterior.
Su abogado exponía en el Supremo que, en la causa por desobediencia de los no declarados en rebeldía, fueron derivados en el TSJC, y que Gabriel ahora no es aforada y, por lo tanto, su causa tiene que ir a un juzgado ordinario. La negativa de Llarena llegó dos días después de que el TSJC absolviera del delito de desobediencia a la diputada de la CUP Mireia Boya al no recibir ninguna notificación del TC para que parara el impulso del 1-O, como sí que consideró que recibieron los miembros de la Mesa del Parlament, condenados a veinte meses de inhabilitación a cargo público.