El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha reaccionado a la condena al fiscal general del Estado por parte del Tribunal Supremo. El diputado ha resumido el caso con una frase clara y contundente, al asegurar que “el mensaje es claro: Ayuso no se toca”. En un tuit publicado en la red social X, Rufián asegura que en todos los casos de comisiones relacionados con el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, es un tercero quien recibe. El vocal de ERC ha avisado de que "estaría bien tener claro" que en el caso del hermano de Ayuso, en el que se investigaban 280.000 euros en comisiones en la venta de mascarillas, quien "pilló" fue Pablo Casado, el expresidente del PP que dimitió tras chocar con la dirigente madrileña; mientras que por los supuestos "350.000 euros en comisiones" de Alberto González Amador, "quien pilla" es Álvaro García Ortiz.

“Igual os pensabais que metiendo en la cárcel a 9 personas durante 4 años por la cara se acababa el asunto”, dice Rufián en el mensaje a X, dirigiéndose a sus seguidores. Pero matiza a continuación que se trata de “una guerra contra unas ideas y contra unos partidos”, dando a entender que la sentencia al fiscal general del Estado ha sido motivada políticamente.

Dos años inhabilitado y multa de 7.200 euros

El Supremo ha condenado a García Ortíz a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra González Amador, al que ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales. La decisión no ha sido tomada por unanimidad. Ha contado con el apoyo de cinco magistrados —Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, José Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela— y con el voto discrepante de las magistradas progresistas Ana Ferrer y Susana Polo. De hecho, Polo era la magistrada ponente, es decir, la encargada de redactar la sentencia, pero su discrepancia con el sentido de la misma ha hecho que sea Martínez Arrieta, presidente de la Sala de lo Penal y del tribunal que juzgó al fiscal general del Estado, que asuma esa función.

El tribunal, de mayoría conservadora, ha fallado tan solo una semana después de que concluyera un juicio histórico porque ha sido la primera vez que un fiscal general del Estado se ha sentado en el banquillo de los acusados. Solo se conoce un párrafo, el del fallo: "Debemos condenar y condenamos a García Ortiz, fiscal general del Estado, como autor de un delito de revelación de datos reservados, del artículo 417.1 del Código Penal, a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado por tiempo de 2 años".