El conseller de Afers i Relacions Institucionals, Exteriors i Transparència, Raül Romeva, asegura que el referéndum de independencia "se celebrará y será vinculante". Lo ha hecho en un una entrevista este miércoles en el diario británico 'The Guardian', Romeva admite que "la vía de la negociación con el Gobierno español", como sucedió en el caso de Escocia, "habría sido preferible" pero asegura que si hace falta "se adaptará el marco legal" para garantizar que los catalanes "puedan votar de una manera u otra".
El conseller de Exteriors también denuncia "la preocupante falta de separación de poderes" y recuerda que "la demanda independentista es política". "Responder a través de la justicia sólo empeora el problema", lamenta. "La elección es entre referéndum o referéndum", dice Romeva al 'The Guardian' y recuerda que el Govern "tiene el mandato claro" de las elecciones del 27-S y que está "completamente comprometido con hacer que el referéndum sea legal". "Si hace falta, haremos la ley necesaria para que sea vinculante y de acuerdo con los estándares internacionales", asegura.
Judicialización del procés
"El sistema judicial está cada vez más politizado", alerta Romeva a 'The Guardian' y pone como ejemplo el TC. "No es un órgano genuinamente judicial, ya que sus miembros los designan a los partidos políticos y su presidente era un antiguo miembro del PP", denuncia Romeva. Al fin y al cabo, según el conseller de Exteriors, "demuestra la preocupante falta de separación de poderes entre los políticos y los jueces al Estado español".
En este sentido, Romeva insiste en que "la demanda independentista es política" y que por lo tanto, se tendría que abordar el conflicto "desde una perspectiva política y no judicial". "La judicialización de la política no se la respuesta ni es la solución; sólo empeorará el problema", lamenta. Además, según Romeva, "la perversión de la Constitución española" para parar las demandas democráticas de los catalanes "tendría que preocupar a todos aquellos que defienden la libertad de expresión en Europa".
El rotativo británico se hace eco de la suspensión cautelar por parte del Tribunal Constitucional de las resoluciones aprobadas por el Parlament y orientadas a "allanar el camino para celebrar el referéndum independentista en septiembre de 2017". El diario también explica que el TC "ha hecho saber al presidente Puigdemont y a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que tienen la obligación de paralizar cualquier iniciativa que vaya en contra de la suspensión" y que, si lo hacen, "se exponen a consecuencias" que pueden llegar a ser "penales".