El Tribunal Supremo ha archivado la causa abierta a la actual senadora del PP Rita Barberá por incumplir la ley de memoria histórica en València durante el periodo en que la senadora del PP fue alcaldesa de la ciudad. En una sentencia hecha pública este viernes, cuyo contenido coincide con el criterio de la Fiscalía, la Sala de lo Penal rechaza la denuncia por delitos de desobediencia y denegación de auxilio, y subsidiariamente por una falta contra el orden público porque los hechos no son constitutivos de delito, en la misma línea que ha hecho los últimos años con denuncias similares contra otros alcaldes que también eran aforados como el de Zaragoza, Juan Alberto Belloch; o almeriense, Luis Rogelio Rodríguez Comendador.

El asunto lo envió al Tribunal Supremo a final del mes de abril el Juzgado de Instrucción número 16 de València, que alegó la condición de aforada de la parlamentaria para declararse incompetente respecto de este asunto, una vez acreditada la condición de Barberá como miembro del Senado -forma parte de la Comisión Permanente y además es senadora territorial-, por lo cual su puesto no es renovado después de las últimas elecciones del 26J.

El alto tribunal destaca también que la ley de memoria histórica del 2007 recoge la obligación genérica de las Administraciones Públicas de adoptar medidas tendentes, entre otras cosas, a la retirada de objetos conmemorativos de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, pero en la denuncia del juzgado valenciano no se relata que se hubiera dado una orden directa y expresa a la entonces alcaldesa Rita Barberá para tomar medidas y retirar estos símbolos en cumplimiento de la mencionada Ley, ni tampoco que ella se hubiera negado a cumplir esta orden previa.

"Los dos elementos -destaca la sentencia del Supremo- la existencia de una orden expresa y la negativa posterior a su cumplimiento, quedan necesarios para apreciar el delito invocado, es decir, para otorgar relevancia penal a los hechos".

No se le ordenó el catálogo de vestigios

De la misma manera, tampoco hay constancia que la exalcaldesa hubiera recibido una orden concreta y específica por, en cumplimiento de la misma Ley, hacer un catálogo de vestigios de la Guerra Civil y la dictadura. La denuncia contra Barberá fue planteada por dos dirigentes del PSOE valenciano y el abogado Eduardo Ranz.

Formalmente, Barberá dejará de ser senadora el próximo 18 de julio, fecha en la cual se disolverán las comisiones permanentes tanto del Congreso de los Diputados como del Senado, si bien volverá a recuperar su condición al día siguiente, cuando se constituyan las Corts.

El que todavía continúa pendiente es el dictamen que tiene que elaborar el Ministerio Público por otra de las causas que han llegado al Supremo contra Barberá, que es la enviada para titular del Juzgado de Instrucción número 18 de València, Víctor Gómez, por presunto blanqueo en el grupo municipal del PP en el consistorio en el marco del renombre 'operación Taula' derivada del caso Imelsa.