El Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha anunciado hoy que abrirá una investigación sobre la "proporcionalidad y los efectos colaterales" de los requerimientos de Hacienda a la Generalitat de Catalunya, en relación a la petición del secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, que requirió martes a las entidades del sector público de la Generalitat que informen sobre pagos o ayudas otorgadas desde el 2015 a una sesentena de personas, entidades, medios de comunicación y empresas, entre las cuales está el expresidente del ANC, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, o la expresidenta del AMI, Neus Lloveras. El mismo martes, ERC y PDeCAT tildaron de "caza de brujas" contra el procés las investigaciones de Montoro.
En un comunicado, Ribó ha considerado que el requerimiento "puede significar un claro atentado contra la libertad de expresión, de opinión, de comunicación, de cátedra y a la actividad de búsqueda e investigación".
"El Síndic también ha detectado indicios del efecto intimidatorio en los reiterados requerimientos que el secretario de estado de Hacienda ha efectuado", ha asegurado Ribó, que también ha recordado que "el Gobierno de España ya intervino la Generalitat de forma posiblemente ilegal e inconstitucional".
Según Ribó, se puede tratar de "una inspección aleatoria y discriminatoria de organismos públicos, instituciones, entidades, profesionales y académicos," por eso estudiará "a fondo el tema para analizar la proporcionalidad de los requerimientos, su motivación y justificación" y elevará sus recomendaciones "a todas las instituciones implicadas".