La reforma de la financiación autonómica se aplaza un año más —y van cuatro— y, además, no parece probable que se apruebe ni en el corto ni en el medio plazo, aunque esta situación no inquieta demasiado a las comunidades autónomas que han conseguido más beneficios después de los contactos bilaterales con el Gobierno.

Aunque el 2018 arrancó con el firme propósito de cerrar el año con un nuevo modelo y a pesar de un pequeño impulso en el primer semestre, la sentencia del caso Gürtel, la falta de un Govern en Catalunya y la moción de censura retrasaron los plazos, y ya en junio el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, admitía que "no había tiempo material" para la reforma, que tenía que esperar a un mejor momento político.

No obstante, fuentes del Ministerio de Hacienda han asegurado a Efe que el objetivo del Gobierno es que el "esqueleto del futuro modelo esté concluido esta legislatura" después de varios años de "bloqueo" con el ejecutivo del PP.

El último sistema, del 2010

En cualquier caso y mientras llega la reforma de un sistema que entró en vigor en el 2010 para un periodo de cuatro años, Sánchez ha ido anunciando iniciativas para mejorar, de forma inmediata, la financiación de cada una de las comunidades y paliar sus urgencias económicas.

Aquí se incluye una senda de estabilidad que concede 2.500 millones adicionales a las autonomías, después de aumentar en dos décimas su objetivo de déficit para 2019; las entregas a cuenta, que aumentarán un 7,2 por ciento con el nuevo año, y el compromiso de devolver a las comunidades los 2.000 millones que les corresponden por la liquidación del IVA del 2017.

En este compás de espera y consciente de que el modelo no se aprobará esta legislatura, el Gobierno citó en septiembre a las comunidades a una Comisión de Financiación Autonómica que pretendía dar por concluidos los trabajos técnicos e iniciar "la negociación política", con la principal novedad de incorporar a Catalunya, después de un año ausente por el 155.

Comunidades mal financiadas

En este encuentro, el Ministerio de Hacienda reconoció implícitamente que las comunidades autónomas estaban mal financiadas y se mostró abierto a abrir un diálogo para el reparto equilibrado de los recursos.

No obstante, aunque las comunidades valoraron este reconocimiento implícito de infrafinanciación, en el caso de Catalunya su vicepresidente, Pere Aragonès, anunció que no había motivos para volver a participar en estas reuniones y reiteró que los modelos de financiación se negocian bilateralmente.

Además, Aragonès dejó claro que el Govern, en ningún caso, intercambiaría una nueva financiación por el derecho de autodeterminación.

Foto: El exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, del PP, y su sucesora, María Jesús Montero, del PSOE, recogen unos premios de Sanidad / EFE