Oriol Junqueras y Raül Romeva han presentado el recurso contra el procesamiento que hizo el viernes el magistrado Pablo Llarena donde les comunicó que se les juzgará por los delitos de rebelión y malversación.

Las partes tenían cinco días para recurrir y hoy están llegando ya los escritos al Tribunal Supremo. Carme Forcadell y Anna Simó también los han enviado hoy.

El abogado de Junqueras y Romeva no ahorra calificativos para valorar la investigación judicial y el papel de Pablo Llarena, a quien le dice directamente en el texto del recurso que sus clientes "están sufriendo un calvario inmerecido". Andreu Van den Eynde presenta un texto duro donde acusa al juez de "estar criminalizando una concreta ideología política, evidentemente legal e incluso mayoritaria".

El recurso denuncia la falta de neutralidad de Llarena —"la neutralidad brilla por su ausencia"— y lo acusa de "degradar" el proceso con "formulas propias del sistema inquisitivo".

El texto remarca que este proceso "no sólo es erróneo, sino que demuestra una valoración política de los hechos al analizar políticamente escenarios de futuro sobre los que, posteriormente, se dictan resoluciones como por ejemplo las que determinan la prisión provisional de los procesados". "Decir que la independencia de Catalunya no puede obtenerse pacíficamente o insinuar que el Estado tendría que mantener la vigencia del artículo 155 ya que el proyecto independentista 'se mantiene latente' podría lesionar derechos fundamentales como son la libertad de consciencia o la proscripción de la persecución de la disidencia política en el marco constitucional", prosigue el argumento político del recurso.

El recurso contra los delitos de rebelión y malversación de Junqueras y Romeva analiza el auto de procesamiento y dice que todo lo que figura no deja de ser el relato de los actos públicos que se hicieron para anunciar y sacar adelante el referéndum. Expone que nadie se escondió ni ocultó la voluntad de proclamar la república. Critica que el texto de Llarena dedica prácticamente todas las páginas a describir el proyecto político independentista catalán y que "este proyecto es legal y es legítimo". Y defiende que "el derecho a la autodeterminación forma parte del patrimonio jurídico de los estados democráticos".

Sobre la rebelión

"Los hechos que describe el auto no tienen encaje en el delito de rebelión", dice el recurso, que insiste que está "forzado el encaje" de los hechos y que eso ha sido "el motor del encarcelamiento de todo un gobierno democráticamente elegido y el de la presidenta de un Parlament".

Reitera que no hubo ningún alzamiento violento y critica los esfuerzos de Pablo Llarena en diferenciar entre "actuar con violencia y actuar violentamente" que hizo en el auto de procesamiento y denuncia que "ni superan la gramatical que se ofrece en el escrito".

Andreu Van den Eynde reprocha al juez que la ley penal "no puede aplicarse en base a interpretaciones imprevisibles" ni puede motivar conductas realizadas por todo aquel que no pudiera entender o comprender la trascendencia legal de sus actos".

Y desmarca las acusaciones a Raül Romeva sobre este delito: "se lo vincula con un papel absolutamente desconectado de la dinámica rebelde. El auto habla de cómo proyectó un voto por internet, de la dimensión de difusión internacional, con total desconexión de la violencia". "Los hechos que se le atribuyen a Romeva —dice el recurso— no integran de ninguna manera el delito de rebelión".

Sobre malversación

"No hay elementos ni indicios racionales de criminalidad que apunten al compromiso de fondos públicos para una finalidad manifiestamente ilegal que haga aplicable el tipo penal que prevé el artículo 432 CP", dice el recurso sobre el delito de malversación.

De hecho, el texto recuerda que el mismo auto de procesamiento no prueba que se llegaran a pagar los gastos del referéndum, no hay ni una prueba sólida y todo se basa "exclusivamente en los datos interpretados y ofrecidos por los investigadores de la Policía Judicial".

Derecho a defensa vulnerado

Entre los argumentos del recurso que han presentado conjuntamente Junqueras y Romeva hay la vulneración del derecho a defensa. El texto relata el favorecimiento de las acusaciones, la paralización de las iniciativas de las defensas, denegación de peticiones de los abogados, interrogatorios con reproches del juez hacia los acusados, tanto si declaran, como si no.

Unos derechos vulnerados que se denunciaron en un recurso del 11 de diciembre y que tienen en el punto máximo de indefensión "la indebida fragmentación de la investigación".

La investigación del juez de instrucción 13 de Barcelona da carta blanca a la Guardia Civil para investigar la causa general; el caso de los Mossos con Josep Lluís Trapero como principal acusado está en la Audiencia Nacional, que sigue ampliando el número de acusados que hace imposible "acceder al material de los procedimientos paralelos".

Van den Eynde concluye que el proceso "se orienta a la confirmación de tesis de culpabilidad preconcebidas que se manifiestan de forma más que rotunda en resoluciones como la que ahora se recurre, el contenido del cual parece más propio de una sentencia definitiva que de una resolución interlocutoria y provisional".