Una semana separa la selecta reunión mantenida en Versalles, entre el presidente Mariano Rajoy y sus homólogos francés, alemana e italiano, del barrido al Gobierno en el Congreso por la derrota en la votación del decreto de la estiba. Siete días donde España ha pasado de los cielos apolíneos de la Unión Europea, a caer en el purgatorio donde la crisis económica la había situado el año 2012, tras no lograr la transposición de esta directiva comunitaria para liberalizar el sector. Un tiempo donde Rajoy ha probado la fría venganza de Ciudadanos por incumplir parte de las medidas del pacto anticorrupción, pero que Moncloa niega que sea la antesala de nuevos comicios en el Estado.

"No habrá adelanto electoral. El ministro de Fomento reanudará las conversaciones, el gobierno estará presente en la mesa con la patronal y el sindicato de la estiba, ya que no se estudiaron detenidamente la oferta en las últimas reuniones. Insisto, esto afecta a la credibilidad de España, es difícil explicar cómo el Congreso rechaza una directiva, es incumplir nuestras obligaciones. Pero repito: no habrá adelanto electoral, no contemplamos esta hipótesis" decía el portavoz del ejecutivo central, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La voluntad de Moncloa es seguir la negociación con los grupos y los agentes en adelante, pero sin hacer demasiado autocrítica del golpe, sino desplazando la responsabilidad a la oposición. "Un decreto ley fue remitido a todos los grupos antes de su aprobación y ningún grupo parlamentario permitió ninguna aclaración a este gobierno" decía De Vigo, a pesar de que hasta a última hora los populares no aceptaron sentarse en la mesa con sindicatos y patronal, tal como pedían el PSOE y Cs. Eso sí, el Estado había hecho llegar su posición a través de las empresas implicadas, a lo largo del proceso. 

Los 32 diputados de la formación naranja no hubieran asegurado la victoria del ejecutivo, pero el decreto de la estiba supone un punto de inflexión en las relaciones con el Partido Popular. Rivera asegura que no prometió el 'sí' a Rajoy, aunque su portavoz, José Manuel Villegas, había dicho a los periodistas que no condicionarían su apoyo al acuerdo entre las partes –ejecutivo, patronal y sindicatos. En 24 horas, sin embargo, y ante el advenimiento de la derrota de los populares –que sólo tenían el apoyo del PNV–, Cs dio el bandazo y decidió desmarcarse para no salir en la foto de la derrota. 

La cuestión es que fuentes próximas a Rajoy no entienden el cambio, y exhiben incredulidad cuando son preguntados sobre qué lo motivó. "El gobierno no califica a Cs, sino que actúa, gobierna, concreta puntos, y se mantendrá ahí porque es serio y responsable" había expresado De Vigo. El intento es de exhibir la normalidad en las relaciones con su socio "de referencia" y "preferencial", aunque este hace días empieza a ilustrar cierto malestar por las largas dadas a algunas de las medidas del pacto anticorrupción, como cuándo Rajoy dijo que la comisión de financiación irregular del PP podía hacerse en el Senado, donde tiene mayoría.

Un nuevo encuentro entre Rajoy y Rivera continúa en el horizonte, y el llamamiento del portavoz es a mantener "la estabilidad política" para no condicionar la recuperación económica, que se cifra entorno al 2'5% del PIB, según informaba De Vigo este viernes. Ello pasa en medio de una crisis profunda entre ambos socios, y sin que el gallego tenga garantizada la aprobación de los presupuestos generales, pese a que el Gobierno no descarta el apoyo del PNV después de que el PP haya hecho lo mismo en el País Basco. Por su parte, Cs no quiere salirse de esta negociación, y mientrastanto, la UE decide si saca a Moncloa del purgatorio, otra vez, para devolverla al club selecto de los 4 grandes que actúan al dictado de Bruselas.