En plena negociación sobre la amnistía, el president en el exilio, Carles Puigdemont, ha querido lanzar un último aviso para navegantes. En una publicación en las redes sociales, Puigdemont ha recordado un acto que moderó en febrero de 2020 en el Parlamento Europeo sobre 'lawfare', utilizando esta referencia para reivindicar a aquellas personas que son víctima de esta práctica politicojudicial. "El uso estratégico de las leyes para perjudicar disidentes o rivales políticos no busca hacer justicia, sino conseguir, por medios inaceptables en democracia, efectos políticos a través del poder judicial", ha sentenciado.
El mes de febrero del 2020 moderé un acto en el Parlamento Europeo sobre "Lawfare, judicialization of politics". Quien|Quién tenga interés en saber qué es, allí se expusieron casos escandalosos que afectaban líderes políticos sudamericanos, entre otros. El uso estratégico de las leyes...
— krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) November 5, 2023
A nadie se le escapa que este mensaje del presidente en el exilio llega en uno de los momentos más tensos de la negociación entre Junts y el PSOE. Los socialistas confían reunir el apoyo de los siete diputados de la formación independentista para poder investir como presidente español a Pedro Sánchez cuanto antes mejor. A cambio, los juntaires confían recoger un acuerdo histórico en materia de amnistía para los líderes del procés y otras independentistas víctimas de la represión judicial a lo largo de los últimos años.
El perímetro de la amnistía, el último escollo
Pero es este el punto que ha distanciado posiciones en los últimos días. El principal obstáculo que no ha permitido cerrar todavía un acuerdo definitivo es el perímetro de la ley de amnistía, es decir, qué personas podrían acogerse y cuáles no. Para Junts, es fundamental que también aquellas figuras vinculadas con el procés --pero no con el referéndum del 1 de octubre-- tengan al alcance la medida de gracia.
Es el caso del responsable de la Oficina de expresidente de Puigdemont, Josep Lluís Alay, implicado en el llamado caso Volhov, así como el del exconseller de Interior Miquel Buch, que recientemente fue condenado a cuatro años y medio de prisión para contratar un agente Mosso d'Esquadra para que hiciera de escucha en Carles Puigdemont cuando este estaba en Bélgica. Son varias situaciones judiciales que Junts considera ejemplos de 'lawfare'. Fuentes de los juntaires también apuntan al temor a que casos bajo secreto de sumario pudieran quedar fuera de la amnistía. En todo caso, el último tuit de Puigdemont tan solo ha servido generar una dosis más de tensión en unas negociaciones que ya van cargadas.