El president, Carles Puigdemont, ha recordado que, según el Consejo de Garantías Estatutarias, las partidas de dinero que los Presupuestos del Govern prevén para la realización de referéndums y consultas populares no son contrarias a la Constitución, por lo cual, la previsión económica de la convocatoria "está avalada". "Por lo tanto, el referéndum se hará", ha remachado.
El Consejo de Garantías Estatutarias ha hecho público esta mañana el dictamen sobre el proyecto presupuestario del Govern en qué concluye que es contraria en la Constitución la disposición adicional 31, que recoge el compromiso del ejecutivo de habilitar las partidas para el referéndum "en el marco de la legislación vigente en el momento que se convoque". No obstante, el mismo dictamen fija que las partidas sobre procesos y consultas populares y el fondo de contingencia, que también han sido denunciados desde la oposición, se atienden a la legalidad.
A este segundo punto se ha acogido el president para asegurar durante su intervención en el acto de clausura de la asamblea general de la Asociación de Municipios Independentistas (AMI) en Palamós que la previsión económica para celebrar el referéndum está garantizada. "Convocaremos el referéndum. Hay buenas noticias", ha asegurado.
Los ayuntamientos no fallarán
Durante su parlamento, el president ha enfatizado que el AMI se creó "para eso que en estos momentos estamos viviendo ahora y para los meses que vendrán". "Todo lo que hemos estado preparando, como país, luchando, moviendo, movilizando, todo lo que hemos hecho posible hasta ahora ha sido para llegar a este momento en estas circunstancias", ha asegurado señalando la mayoría absoluta de diputados en el Parlament y el gobierno independentista a la Generalitat.
En este sentido ha mostrado el convencimiento de que los ayuntamientos no fallarán y sabrán responder a este "desafío colectivo" para "acompañar, liderar y empujar" en el tramo final del proceso.
Silencios ante guerra sucia y amenazas
El president ha asegurado que el Govern se prepara para responder al deseo de votar que ha expresado la ciudadanía, lo cual considera un objetivo "radicalmente y nítidamente democrático" aunque haya quien se escandaliza que el ejecutivo quiera cumplir sus compromisos electorales. "En España es una rareza, un gobierno empeñado a cumplir el programa electoral y aquello que aprueba el Parlamento", ha ironizado. De hecho, según el president, el Estado español sufre un "verdadero problema democrático".
"Lo que verdaderamente escandaliza es el silencio ante los abusos del Estado, la complicidad ante la guerra sucia y la democracia de baja intensidad que coquetea con el autoritarismo de la amenaza del 155, de las suspensiones, de las inhabilitaciones, o de las insinuaciones al uso de medidas de fuerza para impedir que en los colegios electorales se pueda votar", ha reprochado.