El Parlament ha dado voz este martes por primera vez desde que se aplicó el artículo 155 al president en el exilio, Carles Puigdemont. Lo ha hecho precisamente en el marco de la comisión que investiga la suspensión de la autonomía y donde la semana pasada comparecieron los presos políticos. Puigdemont ha denunciado que la aplicación del 155 fue un golpe de Estado con el que se buscaba la venganza y castigar no solo al independentismo o a las autoridades responsables del referéndum, sino "liquidar a las instituciones y causar tanto daño como fuera posible a una población que hacía culpable de haber votado mal".
"Decidieron perjudicar al país, a los 7,5 millones de catalanes, como castigo. Volvieron la espalda a todo un pueblo, incluidos aquellos que legítimamente defienden la permanencia dentro de España", ha reprochado en una intervención muy contundente.
Puigdemont ha intervenido por videoconferencia desde el Parlamento Europeo. Sentados en la primera fila de la comisión, seguían la comparecencia miembros del Govern, encabezados por el vicepresident, Pere Aragonès, que han abandonado el Parlament una vez ha acabado la exposición inicial para poder acudir a la reunión del Consell Executiu. Solo se ha quedado en la comisión la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, que ha querido seguir también la intervención posterior del conseller Lluís Puig.
El president ha explicado que su obligación era mantener los compromisos de su gobierno y al mismo tiempo "detener el golpe de Estado" –"había que evitar que el Estado cometiera un disparate", ha subrayado–, por lo cual propuso convocar elecciones si el ejecutivo español aceptaba retirar la amenaza del 155, retiraba las fuerzas policiales que se habían trasladado a Catalunya y acababa tanto con el encarcelamiento de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart como con la intervención financiera de la Generalitat.
Ha recordado que defendió esta decisión dentro del Govern y en el grupo parlamentario, con la voluntad de "proteger a los ciudadanos y las instituciones de aquella voracidad vengativa. "Si el Estado hubiera dado garantías yo habría convocado elecciones a pesar de las incomprensiones y el tacticismo de algunos que mientras el país entraba en una hora crítica preferían jugar irresponsablemente a sacar partido. Habría ahorrado mucho dolor y sufrimiento", ha argumentado.
No obstante, ha reprochado que el Estado estaba decidido a priorizar "la violencia y la represión" y nada de lo que hubiera hecho al Govern les habría disuadido de desencadenar aquella "oleada represiva". "En octubre del 2017 España volvió a ser oscura y tenebrosa, volvió a ser la de siempre que erróneamente habíamos creído sepultada bajo la lápida de cuatro décadas de supuesta democracia ejemplar", ha lamentado.
Puigdemont ha advertido que esta vez los responsables del golpe de Estado no han sido los militares, sino poderes como la justicia, por lo cual "España se adentraba en un agujero del cual no ha salido y tendrá dificultades para salir y si lo hace será con un coste enorme". Durante el turno posterior a las intervenciones de los grupos, ha mostrado la "profunda indignación" que le provoca el encarcelamiento del vicepresident Oriol Junqueras y los miembros de su Govern y ha atribuido al ejecutivo español "un brexit judicial", que ha situado a España de facto fuera del marco judicial europeo.
En todo momento ha insistido en que su voluntad era "salvaguardar las instituciones y proteger a los ciudadanos de la voluntad agresora" de un Estado con una "voracidad monstruosa, que iba desbocado y tenía capacidad de provocar mucho dolor" y al cual atribuye "una especie de placer en la acción punitiva, impropio de un estado democrático, una pulsión insana de reprimir, escarmentar y aleccionar".
El president ha acusado al Estado de ir mucho más allá de lo que le permite la Constitución con la suspensión de la autonomía, y ha recordado que cuando se redactó la Carta Magna se rechazó explícitamente que el artículo 155 sirviera para disolver un parlamento autonómico. "Había un consenso generalizado, casi sin excepción, que este artículo no otorga poderes ilimitados", ha añadido insistiendo que no era posible utilizar este argumento para alterar los derechos y libertades de las personas.
Su conclusión es que el 155 se aplicó de manera anticonstitucional, que "se obvió de manera flagrante" el mecanismo de requerimiento previo que tenía que servir de inicio del diálogo para superar el conflicto.
Puigdemont ha aprovechado la intervención para referirse también a la superación del 155 y a la asunción de responsabilidades por parte de los que lo "perpetraron". "Que más de dos años después nadie haya pedido perdón, es más, que haya quien se recrea, indica que la cultura del 155 está muy arraigada", ha diagnosticado, a la vez que ha advertido que no se puede pasar inocentemente de página sin que los responsables asuman responsabilidades.
El president, que se ha referido como "criminales" a aquellos que "cargaron contra personas inocentes y pacíficas", ha advertido que, por más que cambien los nombres, la cultura que inspira esta manera de actuar es "una constante inmutable".
A la comisión no han asistido ni PSC ni PP. Tampoco Ciudadanos, que aunque ha renunciado a formar parte de ella, el martes pasado sí se presentó para poder interrogar a Oriol Junqueras, aunque se marcharon antes de escuchar sus respuestas.
Puigdemont ha recordado que el PSC fue una "pieza clave" para la aplicación del 155 y que Pedro Sánchez estuvo desde la oposición al lado de la suspensión de la autonomía. A pesar de todo, ante la intervención del diputado de los comunes, Marc Parès, ha admitido que hoy gobierna en el Estado español un gobierno inédito y por lo tanto vale la pena dedicarle una mirada diferente a la del ejecutivo Rajoy.
A pesar de todo, se ha preguntado si el Estado está dispuesto a renunciar a la violencia para parar la independencia y ha advertido que sin mediación internacional resulta difícil conseguir una salida.
Antes de acabar, y en respuesta a los grupos, todavía ha tenido un recuerdo para algunos de los responsables del 155 y ha atribuido a la "justicia poética que aquellos que ordenaron la decapitación, hoy no están". "Nosotros estamos, y ellos, los Rivera, Rajoy, Soralyas y Millos, ya no están, no por decisión de ningún juez, que no nos hace falta, sino porque la gente no les ha votado", ha subrayado.