Desde el momento en que el Tribunal Constitucional sometió la investidura de Carles Puigdemont a la autorización del Tribunal Supremo, el equipo de abogados del president sopesa buscar una alternativa judicial.
Su abogado en Catalunya, Jaume Alonso-Cuevillas, anunciaba anoche que se estaban analizando todas las alternativas, sin descartar la petición para asistir al pleno de investidura al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, pero también el recurso al Tribunal Constitucional o al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Cuevillas tiene claro que la resolución del TC es "notoriamente contraria a derecho" y que "someter la investidura a una previa autorización judicial es contrario a los más elementales principios del Estado de derecho".
Por lo tanto, no está claro que Puigdemont finalmente acabe pidiendo esa autorización. De hecho, cada vez parece más difícil, incluso por cuestión de tiempo. El pleno es mañana a las 15 h y el president todavía tiene que presentar la solicitud. En el caso de que el Supremo resolviera favorablemente, Puigdemont aún debería desplazarse de Bruselas al Parlament, suponiendo que no se lo detuviera al cruzar la frontera, dado que la orden de detención en España continúa vigente.
El Tribunal Supremo no ha recibido ninguna petición. Carles Puigdemont no se ha dejado ver hoy. Y el único mensaje que llega es de su abogado, que pone en duda que acabe pidiendo el permiso, pero que no descarta que el president aparezca en el pleno del Parlament. Nada está claro a 24 horas de la investidura.