Los escándalos y las irregularidades se apilan detrás de uno de los candidatos del Partido Popular a una de las cuatro vacantes que hay en el Tribunal Constitucional (TC), Enrique Arnaldo. El letrado ha llegado a infringir la ley cobrando sueldos o asesorando instituciones del PP, unos hechos que podría parecer que, ahora que han salido a la luz, empañarían su futuro como miembro del TC, pero no será así.

Según informa El Confidencial, tanto el PSOE como Podemos ordenan la disciplina de voto para garantizar el nombramiento de Arnaldo. El bipartidismo transforma su forma, pero no su fondo. A pesar de las informaciones que han ido apareciendo, el pacto entre el PP y el PSOE se mantiene inalterable, esta vez con el apoyo de Podemos.

Para renovar el miembro del tribunal harán falta 210 diputados. La suma entre el PSOE y el PP da 209 escaños, por lo tanto, la aportación de Podemos es fundamental.

Silenciando o tapándose la nariz

Entre las dos formaciones del Gobierno, el PSOE ha sido el más directo al marcar la línea de votación. Tanto es así que Odón Eloza, diputado socialista vasco, ha sido apartado de la votación del próximo jueves. Eloza ya dejó clara su disconformidad con el nombramiento en el 40º Congreso Federal del PSOE y se reafirmó la semana pasada en una entrevista en Radio Euskadi donde aseguró que: "es una indignidad para la institución y para el mismo Congreso que lo tendrá que votar".

Mientras los socialistas apartan bruscamente a sus diputados que no están conformes al verse obligados a votar a Arnaldo, Podemos opta por otra vía. Según recoge El Confidencial, varias fuentes de la formación han asegurado que "en este momento es mejor cambiar el sistema de elección y caminar hacia una mayoría alternativa en el PP", que vetar al letrado de los populares. Podemos se presenta a la votación de mala gana y votará tapándose la nariz, pero el resultado será el mismo.

Un largo currículum de sombras impunes

Arnaldo acumula un extenso currículum lleno de irregularidades. La última que ha salido a la luz es que durante un año compaginó su trabajo como coordinador jurídico de varias comisiones del Congreso con el trabajo de su despacho privado en la que hacía de asesor a varias administraciones lideradas por los populares, concretamente, al gobierno balear de Jaume Matas. Una práctica específicamente prohibida por el Estatuto del personal de las Cortes Generales.

Sin embargo, esta no es la única mancha en su expediente. El candidato al Constitucional del PP infringió la Ley Orgánica de Universidades durante años con el fin de poder cobrar de dos universidades, una pública y la otra privada. Los hechos serían constitutivos de una infracción administrativa de carácter muy grave, que podría comportar la suspensión de trabajo y sueldo públicos entre tres y seis años.

La ley universitaria recoge desde el 2007 que un funcionario docente en un centro público no puede impartir clases a un centro privado. Teóricamente, en 2011 tendría que haber decidido si quedarse en un centro o en otro, pero no lo hizo. Arnaldo siguió vinculado a los dos centros universitarios hasta el curso 2014-2015.

A pesar de todo, la principal sombra en su currículum es su imputación por el caso de corrupción Palma Arena. El jurista ha recordado que fue exonerado. No obstante, también aparece en el sumario del caso Lezo, del PP de Madrid. En unas grabaciones se lo oye decir que se está "moviendo" para situar fiscales afines que favorezcan al expresidente madrileño Ignacio González. No se ha querido pronunciar recordando que está archivado. Finalmente, también ha aparecido su participación en actos de la FAES, la fundación de José María Aznar. Ha justificado que eran debates "plurales" y que hablaba desde un punto de vista "técnico y jurídico"

 

Imagen principal: Enrique Arnaldo, el candidato al Tribunal Constitucional del Partido Popular (PP), compareciendo ante el Congreso