La exconsellera de Salud y actual vicepresidenta primera del Parlament, Alba Vergés (ERC), puede volver a ser investigada por el caso de la vacunación contra la Covid-19 atrasada para policías españoles y guardias civiles, según denunciaron sindicatos policiales. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) resolvió en marzo de 2022 que no había indicios para investigar a la exconsellera por los delitos de prevaricación y contra los derechos de los trabajadores y derivó el caso en un juzgado de Barcelona para que aclarara si había responsabilidades de otros jefes del Servicio Catalán de Salud. Ahora, pero, el titular del juzgado de instrucción 17 de Barcelona, a quien recayó el caso, ha decidido elevar ahora una exposición razonada al TSJC con indicios contra Vergés, con el visto bueno de la Fiscalía, según han confirmado fuentes del caso a ElNacional.cat. El alto tribunal catalán tendrá que resolver si son suficientes para investigar a la diputada republicana y asumir todo el caso. Josep Maria Argimon (Junts), que durante la pandemia era el secretario de Salud Pública y luego que sucedió Vergés como conseller de Salud, ha aportado al juzgado unos mensajes de WhatsApp en los cuales demostrarían que Vergés habría sido informada o habría acordado frenar la vacunación a los policías.
Hasta ahora, todos los investigados han asegurado que el paro fue acordado por cuestiones "técnicas y colegiadas", sin ninguna intencionalidad. En una de las declaraciones, sin embargo, se acusó a los cargos de Salud y Argimon habría aportado esta prueba, además de pedir el archivo de la causa, como han hecho el resto de investigados. Por el contrario, el fiscal y las acusaciones de los sindicatos JUCIL, JUPOL, SPP y AEGC, han pedido que la causa continúe. Con los nuevos indicios, el magistrado Fernando Criado ha decidido elevar la causa al TSJC porque Vergés, al ser diputada, es aforada en el alto tribunal catalán.
Los seis investigados
Los investigados que ya han declarado en el juzgado, además de Argimon, son: Marc Ramentol, exsecretario general del Departament de Salud; Carmen Cabezas, actual secretaria de Salud Pública y entonces subdirectora general de Promoción de Salud; Sara Manjón, directora de Organizaciones y Profesionales del CatSalut; Xavier Rodríguez, director de Servicios del Departamento; y Adrià Comella, exdirector del CatSalut. En su declaración, el julio pasado, los altos cargos alegaron que ninguno de ellos tenía competencias para decidir qué grupo o colectivo se tenía que vacunar en cada momento, ya que solo les correspondían labores ejecutivas, organizativas y de logística, según fuentes judiciales.
Primera condena
En diciembre de 2021, la sala 3.ª del contencioso-administrativo del TSJC aseguró que el Govern incurrió "en una inactividad" con respecto "a su obligación" de asistencia sanitaria a los cuerpos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, a su tarea de suministrar las vacunas de la Covid-19. "Esta inactividad dio lugar a una diferencia de tratamiento injustificada y discriminatoria respecto de los cuerpos nacionales en relación con los cuerpos policiales y de emergencia autonómicos y locales a los cuales se suministró las vacunas de forma más rápida y eficiente", sostuvo el tribunal, en una sentencia, que se comunicaba con los agentes policiales españoles ya vacunados y la Generalitat castigada a pagar las costas del proceso, con un máximo de 4.000 euros.
El TSJC detallaba que en el periodo del 10 de febrero al 27 de abril de 2021, los dos cuerpos españoles tenían vacunados 714 profesionales. En cambio, nueve días después, con la medida cautelar ordenada por el tribunal, hasta el 6 de mayo de 2021 fueron vacunados 4.806 agentes de la Policía Española y de la Guardia Civil. Por todo eso, el TSJC concluye que "la administración autonómica no dispuso de la misma voluntad y dedicación en la protección sanitaria de los cuerpos nacionales respecto de los internos".
A partir de esta resolución, la Fiscalía Superior de Catalunya pidió la imputación de Alba Vergés como máxima responsable de Salud porque tenía que saber este paro en la vacunación. Entonces, hace más de un año, el TSJC indicó, citando al Tribunal Supremo, que "la responsabilidad penal es estrictamente personal"; es decir, hay que imputar unos hechos concretos a una persona. Y en el caso de las vacunas, ahora hay unos WhatsApp supuestamente incriminatorios hacia la republicana Alba Vergés.